¿Por qué quedaron libres los detenidos en San Judas? La explicación de la Fiscalía
El 24 de enero, un operativo en el sector de San Judas, en el municipio de Pereira, Risaralda, dejó como saldo la captura de siete personas. Sin embargo, a pesar de la detención, estas personas fueron puestas en libertad en los días posteriores, lo que generó diversas preguntas entre la comunidad y en los medios de comunicación. ¿Por qué quedaron libres los detenidos si fueron capturados con droga en su poder? La Fiscalía General de la Nación, Seccional Risaralda, ha emitido un comunicado que aclara esta situación, señalando que la cantidad de droga incautada no fue suficiente para imputar cargos penales.
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La cantidad de droga no permitió imputar cargos
Según la Fiscalía, durante el operativo llevado a cabo el 24 de enero, se incautaron 740 gramos de marihuana. Aunque esta cantidad es considerable, no es suficiente, según la legislación vigente y la jurisprudencia de la Corte Constitucional, para inferir que los detenidos estaban involucrados en actividades de comercialización o tráfico de drogas. De acuerdo con la normativa, esta cantidad no configura un delito grave, como el tráfico de estupefacientes, lo que dificultó la imputación de cargos en su contra.
Es importante resaltar que la legislación colombiana establece ciertos umbrales de cantidad de droga para considerar la posesión como un delito relacionado con la comercialización. En este caso, los 740 gramos de marihuana no alcanzaron dicho umbral, lo que obligó a la Fiscalía a liberar a los detenidos.
La jurisprudencia de la Corte Constitucional y su aplicación
La jurisprudencia de la Corte Constitucional ha sido clara en cuanto a la interpretación de la ley respecto a la posesión de sustancias ilícitas. Para que una persona sea imputada por tráfico de estupefacientes, es necesario demostrar que la cantidad de droga incautada tiene un propósito de comercialización. En este caso, la cantidad de marihuana no fue suficiente para configurar ese propósito, lo que llevó a las autoridades a concluir que no había sustento jurídico para continuar con la imputación.

De acuerdo con las fuentes de la Fiscalía, la única opción legal que quedaba en este caso era otorgarles la libertad a los detenidos, ya que no existía fundamento jurídico suficiente para mantenerlos bajo arresto. Así lo expuso el comunicado de la Fiscalía: «La única salida legal era otorgarles la libertad, dado que no había sustento jurídico para la imputación.»
La situación de la persona detenida con un arma de fuego
En el mismo operativo en el que se produjo la captura de las siete personas, las autoridades también realizaron un allanamiento en una vivienda cercana. Durante este allanamiento, un hombre entregó de manera voluntaria un arma de fuego a las autoridades. Esta persona fue presentada ante un juez de control de garantías, quien le imputó el delito de fabricación, tráfico o porte de armas de fuego, accesorios, partes o municiones.
Sin embargo, el juez determinó que no era necesario imponerle una medida de aseguramiento, por lo que la persona en cuestión continuará su proceso judicial en libertad. Este fallo pone de manifiesto cómo el sistema judicial sigue un proceso riguroso para determinar si las pruebas presentadas son suficientes para imponer medidas de detención preventiva.
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Contexto y la importancia de la interpretación judicial
La decisión de la Fiscalía de liberar a los detenidos en San Judas resalta la importancia de la interpretación judicial en el marco de la legalidad colombiana. Las autoridades deben basar sus decisiones en las pruebas presentadas y en la interpretación de la ley, lo que garantiza un debido proceso y protege los derechos de los detenidos.
Este caso también destaca la relevancia de la jurisprudencia de la Corte Constitucional, que establece parámetros claros sobre cuándo una posesión de sustancias ilícitas puede considerarse como un delito relacionado con la comercialización. La aplicación rigurosa de la ley en situaciones como esta asegura que no se cometan injusticias, pero también pone en evidencia la necesidad de que las autoridades continúen trabajando para combatir el narcotráfico y garantizar la seguridad pública de manera efectiva.