Las demoliciones en Pereira de edificaciones afectadas por el terremoto del 10 de agosto de 2026 abrieron una controversia sobre quién debe pagar los trabajos. La Personería Municipal cuestionó que los propietarios deban asumir esos costos cuando muchos perdieron sus inmuebles.
El pronunciamiento se conoció luego de que la Alcaldía informara a propietarios de edificaciones en riesgo de colapso que debían financiar las demoliciones directamente o acudir a sus aseguradoras para cubrir los gastos.
La decisión preocupa al Ministerio Público municipal porque algunas de las personas afectadas no solamente perdieron sus propiedades, sino también los espacios donde desarrollaban actividades económicas que les permitían sostener a sus familias.
Leonardo Fabio Reales, personero de Pereira, solicitó a la administración municipal buscar alternativas urgentes de financiación para evitar que los damnificados tengan que asumir una nueva carga económica.
¿Quién debe pagar las demoliciones en Pereira?
La controversia gira alrededor de la responsabilidad económica de intervenir las edificaciones que presentan daños estructurales y representan un posible peligro para sus ocupantes, vecinos y transeúntes.
Según la información conocida, el municipio comunicó a los propietarios que los costos de demolición debían ser asumidos por ellos o gestionados mediante las pólizas de seguros correspondientes.
Sin embargo, la Personería considera que trasladar esa responsabilidad económica a quienes sufrieron pérdidas materiales puede representar una carga desigual, especialmente cuando se trata de familias que no cuentan con recursos suficientes para contratar los trabajos.
El personero Leonardo Fabio Reales advirtió que esta situación podría comprometer derechos fundamentales de los afectados y abrir la posibilidad de reclamaciones judiciales contra el municipio.
Se trata, por ahora, de una advertencia del organismo de control y no de una decisión judicial que haya declarado ilegal el procedimiento.
La discusión también plantea diferencias entre los propietarios que cuentan con seguros y aquellos que no tienen una póliza que eventualmente pueda cubrir los daños o los gastos de demolición.
Tener un inmueble asegurado tampoco significa automáticamente que la compañía deba pagar cualquier intervención. Esa posibilidad depende de las coberturas, exclusiones y condiciones establecidas en cada contrato.
Por eso, uno de los asuntos pendientes es establecer qué alternativas recibirán las familias que no tienen seguro o cuyos contratos no contemplan los gastos derivados de una demolición.
Alcaldía asegura que no tiene más recursos para demoler
La preocupación de la Personería coincide con las declaraciones del alcalde de Pereira, Mauricio Salazar, quien ha manifestado que el municipio no dispone de más recursos para continuar financiando las demoliciones necesarias por los daños del terremoto.
El mandatario ha solicitado al Gobierno nacional acelerar los procesos de atención y la entrega de subsidios destinados a las personas damnificadas.
Este es uno de los puntos centrales de la controversia: mientras la administración municipal plantea dificultades presupuestales para continuar con las intervenciones, el organismo de control advierte sobre las consecuencias de exigirles el pago a quienes ya sufrieron pérdidas económicas.
La falta de recursos también abre una pregunta sobre los inmuebles que requieren intervención urgente. Si los propietarios no pueden financiar las obras y el municipio sostiene que no tiene presupuesto disponible, es necesario establecer cómo se garantizará la reducción del riesgo.
El problema no se limita a definir quién paga. También comprende los tiempos de intervención, las condiciones de seguridad y las medidas que deben adoptarse mientras se consigue financiación.
En ese sentido, la solicitud de la Personería busca que la Alcaldía explore mecanismos que permitan atender las edificaciones comprometidas sin imponer automáticamente los costos a las familias afectadas.
¿Qué pasará con las demoliciones en Pereira?
La petición del organismo de control no significa que el municipio haya aprobado nuevos recursos ni que exista una decisión definitiva para asumir todas las demoliciones con dinero público.
Hasta el momento, la información disponible no precisa cuántos propietarios recibieron comunicaciones para pagar las intervenciones, cuál es el valor total de las obras pendientes ni cuántas edificaciones permanecen en riesgo de colapso.
Tampoco se ha informado de una solución financiera concreta que permita resolver la situación de las familias que carecen de capacidad económica para asumir estos trabajos.
La advertencia sobre posibles demandas representa otro aspecto de la discusión. Si los afectados consideran que una actuación administrativa vulnera sus derechos, podrían acudir a los mecanismos legales correspondientes. Eso no significa que exista ya una sentencia favorable a los propietarios.
Para quienes recibieron una comunicación de cobro, resulta fundamental conservar los documentos expedidos por la administración municipal, los conceptos técnicos sobre el estado del inmueble y las pólizas de seguro, si existen.
Esos soportes permitirían conocer el fundamento de la exigencia económica y solicitar orientación sobre las opciones disponibles en cada caso.
La Personería de Pereira pidió una respuesta urgente para evitar que la reconstrucción de la ciudad represente una carga adicional para quienes perdieron sus viviendas o establecimientos comerciales.
