Crece la crisis de seguridad en Risaralda: seis alcaldes han sido amenazados
La crisis de seguridad en Risaralda continúa en aumento. Seis alcaldes del departamento han sido amenazados en los últimos meses, lo que evidencia un panorama preocupante para la gobernabilidad local. La situación genera inquietud tanto entre autoridades como entre ciudadanos.
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Aumentan las amenazas contra alcaldes en Risaralda
La inseguridad en Colombia sigue cobrando víctimas entre las autoridades locales. Risaralda, uno de los departamentos más pujantes del Eje Cafetero, no ha sido la excepción. Hasta la fecha, seis alcaldes han denunciado haber recibido amenazas contra su vida. Entre los municipios afectados se encuentran La Virginia, Marsella, Pueblo Rico, Mistrató y Belén de Umbría.
A esta lista se suma ahora el alcalde de Santa Rosa de Cabal, Pablo César Gómez, quien recientemente reveló que ha sido blanco de intimidaciones persistentes. Según sus declaraciones, ha recibido llamadas y mensajes amenazantes a través de redes sociales.
Aunque el mandatario reconoce que las amenazas se vienen presentando desde hace meses, solo hasta ahora decidió hacerlas públicas. Su decisión, explicó, busca evitar que el temor colectivo afecte la cotidianidad del municipio.
“He recibido mensajes intimidatorios de forma reiterada. Por precaución, preferí no informar antes para no generar alarma en la comunidad”, señaló Gómez.
Este panorama refleja una creciente presión sobre los líderes municipales, quienes enfrentan retos no solo administrativos sino también relacionados con su seguridad personal y la de sus familias.
Alcalde de Santa Rosa de Cabal bajo protección policial
Tras conocerse las amenazas contra el alcalde Pablo César Gómez, las autoridades activaron protocolos de seguridad. Actualmente, tanto él como su familia cuentan con medidas de protección asignadas por la Policía Nacional.
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El mandatario manifestó sentirse respaldado por las instituciones y destacó la importancia de no ceder ante el miedo:
“Las amenazas no deben detener el trabajo por la ciudad. Continuaremos con nuestros planes de gobierno, sin permitir que estos hechos generen parálisis institucional.”
La situación de Gómez no es aislada. En otros municipios, las amenazas también han obligado a reforzar esquemas de seguridad. Algunas administraciones han solicitado acompañamiento adicional del Ejército Nacional y de organismos de inteligencia.
Este clima de inseguridad ha encendido las alarmas en la Gobernación de Risaralda y en el Ministerio del Interior. Diversos sectores sociales exigen acciones concretas para frenar la escalada de intimidaciones, que ponen en riesgo la estabilidad local y la democracia territorial.
Un fenómeno que preocupa a las autoridades nacionales
La situación en Risaralda forma parte de una problemática más amplia que afecta a todo el país. En lo corrido del año, decenas de mandatarios locales han denunciado amenazas o ataques. Según datos de la Federación Colombiana de Municipios, los niveles de riesgo para los alcaldes han aumentado de manera sostenida.
Este contexto evidencia la necesidad urgente de fortalecer la seguridad en las regiones. Organismos defensores de derechos humanos y asociaciones de alcaldes han insistido en implementar un plan nacional de protección integral, con enfoque preventivo y territorial.
Además, analistas consideran que estas amenazas podrían tener vínculos con bandas criminales o estructuras ilegales que buscan cooptar decisiones locales o controlar recursos públicos.