La medida busca desarticular redes de falsificación y proteger la integridad del sistema de identificación colombiano.
En lo que va del año, la Registraduría Nacional del Estado Civil ha tomado la drástica decisión de cancelar 1.038 cédulas de ciudadanía por falsa identidad, una acción que busca frenar el uso fraudulento de estos documentos. La mayoría de las cédulas afectadas pertenecen a ciudadanos de nacionalidad dominicana, venezolana y ecuatoriana, quienes las obtuvieron de manera irregular con el fin de tramitar pasaportes o participar en actividades delictivas.
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Análisis de datos y medidas preventivas
Esta cancelación fue posible gracias a los exhaustivos cruces de datos realizados por el Centro de Analítica de Datos de la Registraduría, en colaboración con Migración Colombia, la Cancillería y la Dirección de Investigación Criminal e Interpol (DIJIN). A través de estas alianzas estratégicas, se ha logrado identificar un alto volumen de documentos irregulares que amenazan la seguridad nacional.
Los departamentos más afectados por la emisión de cédulas fraudulentas son Atlántico, Córdoba, Cesar y Bogotá. En el Atlántico, se registraron 265 cédulas canceladas, seguido por Córdoba con 253, Cesar con 121 y Bogotá con 139. Este fenómeno pone de manifiesto la necesidad de mejorar los controles y procedimientos de verificación en la expedición de documentos de identidad.
Además, el rango de edad más afectado es el de 19 a 30 años, representando el 62% de los casos con 647 cédulas canceladas. Esta tendencia genera preocupación, ya que indica que los jóvenes son particularmente vulnerables a ser utilizados en estos fraudes.
Consecuencias legales y llamado a la ciudadanía
El registrador nacional del Estado Civil, Hernán Penagos, ha hecho un llamado urgente a los colombianos que se prestan como testigos en la inscripción de registros civiles de nacimiento de extranjeros. «Muchos colombianos se han prestado para testificar en la inscripción del registro de ciudadanos extranjeros, como si fueran colombianos. A estos nacionales hay que decirles que están cometiendo un delito que los puede llevar a la cárcel», advirtió Penagos. La situación se torna crítica, ya que estos actos no solo comprometen la integridad del sistema de identificación, sino que también pueden acarrear graves sanciones para quienes colaboren en estos delitos.
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La información sobre la cancelación de cédulas y las prácticas irregulares ha sido remitida a la Fiscalía General de la Nación, que se encuentra trabajando en la desarticulación de redes dedicadas a la falsificación de documentos y al tráfico de migrantes. Esta colaboración interinstitucional es clave para fortalecer la seguridad y la confianza en los mecanismos de identificación del país.
La Registraduría Nacional reafirma su compromiso con la transparencia y la legalidad, implementando medidas preventivas y correctivas para evitar la proliferación de documentos falsos. La lucha contra la falsificación de identidades no solo es una cuestión de legalidad, sino también de protección de los derechos de todos los ciudadanos.
