La Procuraduría General de la Nación (PGN) ha sacado a la luz un certificado que ratifica las tres sanciones disciplinarias impuestas en contra de Rodolfo Hernández, lo que supondría «inhabilidades especiales aplicadas al cargo», según informó la emisora colombiana W Radio. Esta revelación tiene lugar en un momento crucial, pues desde principios de septiembre, el Consejo Nacional Electoral (CNE) se encuentra evaluando la petición de revocar la inscripción de Hernández a la Gobernación de Santander. Dicho consejo había otorgado un plazo de dos días para presentar evidencias relacionadas con el caso.
CNE a la espera de la declaración de Rodolfo Hernández frente a la revocatoria
El CNE, en su último documento emitido, solicitó a Rodolfo Hernández que, en el marco del plazo establecido de dos días, se manifestara respecto a la petición de revocatoria en curso. Además, se le ha pedido que suministre las pruebas y presente los argumentos que considere relevantes para su defensa. Esta solicitud se lleva a cabo después de que la Procuraduría General confirmara la inhabilidad del ingeniero a raíz de las sanciones previas. Ahora, la decisión recae en el CNE, que definirá el rumbo político de Hernández.
Antecedentes y argumentos para la revocatoria de Rodolfo Hernández
La solicitud para revisar la candidatura de Hernández fue presentada por el abogado Duarte Ballesteros el pasado 14 de agosto. En ella, se argumenta que Hernández ha enfrentado varias sanciones por parte de la PGN, evidenciado en el certificado publicado en la página web de la entidad. Dentro de las sanciones mencionadas, destaca una multa de 62 millones de pesos impuesta a Hernández por referirse a un veedor municipal como «lavaperros» en 2018, cuando era alcalde de Bucaramanga.
El jurista Ballesteros apuntó que Hernández posiblemente ha transgredido varios artículos de la Constitución Política y de la Ley Estatutaria 617 de 2000. Según la Ley 1952 de 2019, tres sanciones disciplinarias podrían inhabilitar a Hernández de ocupar cargos públicos. La responsabilidad de interpretar y aplicar esta ley está en manos de los magistrados del CNE, quienes deberán analizar la validez de las sanciones, su acumulación y la necesidad de que pasen al Consejo de Estado.
Actualmente, la Procuraduría mantiene la inhabilidad contra Hernández por el caso de Vitalogic, ocurrido mientras era alcalde de Bucaramanga. La procuradora Margarita Cabello ha declarado que, bajo las circunstancias actuales, Hernández no debería postularse a la Gobernación del departamento.
Conclusión:
Este asunto ha capturado la atención nacional, poniendo en el foco a la política regional y a las decisiones del CNE. La determinación sobre la candidatura de Hernández, sin duda, tendrá un fuerte impacto en las próximas elecciones de Santander y en el panorama político colombiano en general.
