Exportaciones ficticias habrían permitido ingresar dinero
Una investigación sobre exportaciones ficticias a Ecuador permitió identificar una presunta operación de lavado de activos que habría justificado el ingreso de más de $425.000 millones a Colombia. La Fiscalía capturó a siete personas, incluidos cuatro funcionarios de la Dian en Ipiales, Nariño.
Los hechos investigados habrían ocurrido entre 2020 y 2023, mediante operaciones comerciales de aceite de palma, soya y sus derivados. Las mercancías figuraban en documentos aduaneros como enviadas al país vecino, aunque, según el ente investigador, no habrían cruzado la frontera.
La investigación no solamente compromete a particulares que aparecían como exportadores. También examina el papel de servidores públicos que presuntamente certificaron la salida de productos sin que esta se hubiera producido.
¿Cómo funcionaban las exportaciones ficticias a Ecuador?
Según la Fiscalía General de la Nación, cinco comercializadoras internacionales y una agencia de aduanas habrían participado en el esquema investigado. Las empresas figuraban como exportadoras y la agencia se encargaba de tramitar las declaraciones y los documentos de soporte.
El mecanismo consistía en registrar cargamentos destinados a Ecuador por el puente internacional de Rumichaca, que comunica a Colombia con el país vecino. Sin embargo, los productos no habrían realizado el recorrido consignado en los documentos.
Los cuatro funcionarios de la Dian vinculados al caso trabajaban en la seccional de Ipiales. La Fiscalía sostiene que habrían certificado falsamente la salida de mercancías, proporcionando respaldo documental a operaciones que ahora son objeto de investigación penal.
La existencia de esos soportes habría permitido presentar movimientos financieros internacionales como ingresos derivados de ventas legítimas al exterior. La Fiscalía investiga si ese procedimiento fue utilizado para dar apariencia de legalidad a recursos de posible origen ilícito.
Esta diferencia es fundamental: no se está cuestionando la exportación legal de aceite de palma o soya, sino operaciones específicas que, según los investigadores, fueron documentadas sin que se produjera el movimiento comercial declarado.
¿De dónde provenían los $425.000 millones investigados?
Uno de los hallazgos más significativos del caso está relacionado con el origen internacional de los recursos. Aunque Ecuador figuraba como destino de las exportaciones, el dinero habría llegado a Colombia desde Estados Unidos, España, Panamá y Perú.
De acuerdo con la Fiscalía, esos movimientos financieros se presentaban como reintegros de exportaciones. Es decir, como pagos recibidos por empresas colombianas a cambio de mercancías supuestamente vendidas en el exterior.
La diferencia entre el destino declarado de los productos y los países desde los cuales llegaba el dinero permite entender por qué la investigación no se limita a una posible falsedad documental.
Los investigadores buscan establecer cómo se originaron los recursos, quiénes participaron en las operaciones y qué responsabilidad individual tuvieron las personas vinculadas al expediente.
El monto de más de $425.000 millones corresponde a los recursos cuyo ingreso habría sido justificado mediante estas operaciones, según la Fiscalía. No significa que esa cantidad haya sido recuperada, incautada o que exista una condena judicial por su totalidad.
La investigación también plantea una pregunta sobre los controles aduaneros: cómo pudieron registrarse operaciones comerciales durante varios años sin que las presuntas irregularidades fueran detectadas y detenidas oportunamente.
¿Qué sigue en el caso de las exportaciones ficticias a Ecuador?
La Fiscalía informó que siete personas fueron capturadas en procedimientos realizados en Cúcuta, Norte de Santander, e Ipiales, Nariño.
Entre los detenidos hay tres representantes legales de comercializadoras internacionales y cuatro funcionarios de la Dian que, según la investigación, habrían participado en la certificación de las mercancías.
Los procesados fueron presentados ante un juez de control de garantías, quien declaró legales los procedimientos de captura. Posteriormente, la Fiscalía les formuló imputaciones de acuerdo con su presunta participación.
Los delitos atribuidos incluyen lavado de activos agravado, concierto para delinquir agravado y falsedad ideológica en documento público. Esta última conducta se relaciona con los señalamientos contra los funcionarios que habrían expedido certificaciones irregulares.
La legalización de las capturas y la formulación de imputaciones no constituyen condenas. Los siete procesados conservan la presunción de inocencia mientras avanza el proceso judicial.
Además, la Fiscalía remitió información a su Dirección Especializada de Extinción del Derecho de Dominio para evaluar posibles actuaciones sobre bienes y activos relacionados con las operaciones investigadas.
El presidente Abelardo de la Espriella, según la declaración suministrada sobre el caso, anunció el fortalecimiento de los controles de la Dian y la colaboración con la justicia para esclarecer los hechos.
Por ahora, queda pendiente conocer la decisión judicial sobre las medidas de aseguramiento solicitadas, el resultado de las actuaciones patrimoniales y si la investigación permitirá identificar a otros posibles participantes.
El proceso también deberá establecer la procedencia de los recursos y determinar si existieron responsabilidades adicionales dentro de los mecanismos de control del comercio exterior colombiano.
