Fiscalía judicializa a dragoneante del Inpec por violencia intrafamiliar agravada
La Fiscalía General de la Nación judicializó a un dragoneante activo del Inpec por violencia intrafamiliar agravada. El uniformado habría maltratado a su pareja desde 2020 hasta mayo de este año.
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Violencia intrafamiliar agravada: un caso alarmante dentro del Inpec
El caso ha generado preocupación por tratarse de un funcionario público. La Fiscalía presentó pruebas que indican que los actos violentos fueron recurrentes y graves. Las agresiones se habrían dado en diferentes municipios del país: Medellín (Antioquia), Fresno (Tolima) y Dosquebradas (Risaralda), donde la pareja vivió durante distintos periodos.
La investigación señala que el dragoneante habría incurrido en agresiones físicas, verbales y psicológicas de forma continua. Estos hechos, que presuntamente comenzaron en 2020, se habrían intensificado con el tiempo. Las denuncias incluyen episodios donde el implicado, en presuntos ataques de celos, golpeó a su pareja y la insultó repetidamente.
Uno de los eventos más graves ocurrió cuando el funcionario, al parecer, utilizó su arma de fuego para intimidar a la víctima. Según el informe del ente acusador, disparó contra una puerta y apuntó al hijo de tres años de la mujer. La víctima también habría sido maltratada mientras se encontraba en estado de embarazo, lo que agrava aún más la situación.
Medida de aseguramiento y reacción institucional ante la violencia intrafamiliar agravada
Ante la gravedad del caso, la Fiscalía solicitó una medida de aseguramiento. Un juez de control de garantías aceptó la solicitud e impuso reclusión en centro carcelario contra el procesado. El delito por el que fue imputado es violencia intrafamiliar agravada, una conducta tipificada por afectar de forma prolongada e intensa la integridad física y emocional de la víctima.
La Fiscalía destacó que los hechos están sustentados con pruebas sólidas, incluyendo testimonios, registros médicos y evidencia forense. La Seccional Risaralda asumió el caso dada la última residencia de la pareja y la denuncia presentada allí. Las autoridades reiteraron su compromiso en la lucha contra la violencia intrafamiliar, sin importar el cargo o posición del implicado.
Este caso pone nuevamente en el centro del debate el papel de las instituciones en prevenir y sancionar este tipo de conductas. Organizaciones defensoras de los derechos humanos han exigido acciones más contundentes. También se han pronunciado sobre la importancia de revisar los procesos internos del Inpec para identificar posibles fallos en el control y monitoreo del comportamiento de sus funcionarios.
“El hecho de que ocurra dentro de las fuerzas del Estado lo hace aún más preocupante”, señaló una vocera de una fundación que trabaja en la protección de mujeres víctimas de violencia. Además, recalcó que estos episodios pueden quedar ocultos por años si no se garantizan rutas efectivas de denuncia.
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La violencia intrafamiliar sigue siendo uno de los delitos más denunciados en Colombia. Según cifras de Medicina Legal, durante 2024 se han reportado más de 40.000 casos. Las entidades competentes advierten que las cifras reales podrían ser mucho mayores debido a la subnotificación.
El caso del dragoneante del Inpec muestra cómo la violencia puede escalar si no se detecta y sanciona a tiempo. Además, evidencia la necesidad urgente de protocolos más estrictos en entidades estatales para prevenir y atender este tipo de denuncias de manera oportuna.
