Autoridades capturan en Quindío a Diego Murillo Ramírez, acusado de feminicidios en Caicedonia y Bogotá. Su arresto es clave en la lucha contra la impunidad y violencia extrema.
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Feminicidio en Caicedonia: Un crimen atroz en vía pública
El pasado 5 de diciembre de 2024, un ataque a puñaladas acabó con la vida de Olga Lucía Peñuela Bojacá, de 37 años, en el barrio Gutiérrez y Arango, en Caicedonia. El crimen ocurrió en plena vía pública y frente a su hija, una menor de 14 años. Testigos relataron que la mujer había terminado su relación con Murillo Ramírez, quien, según las investigaciones, la atacó con sevicia tras la ruptura.
Este feminicidio conmocionó a la comunidad y puso en evidencia las fallas del sistema judicial. El agresor estaba prófugo de la justicia tras violar una medida de casa por cárcel que le había sido impuesta por el homicidio de otra mujer en Bogotá en 2015.
Antecedentes: El feminicidio en Bogotá y la impunidad
La justicia condenó a Diego Murillo Ramírez por asesinar a su expareja Tatiana Andrea Grueso Calderón en 2015. La joven sufrió 20 puñaladas y su cuerpo permaneció abandonado durante tres días.
Un juez le impuso una sentencia de 18 años por homicidio agravado, pero tras cinco años obtuvo prisión domiciliaria. Luego escapó y cometió otro feminicidio en Valle del Cauca.
Los familiares de las víctimas han expresado su dolor y su indignación ante la impunidad que permitió que Murillo Ramírez continuara su ola de violencia. En distintas entrevistas, han pedido que el caso no quede en el olvido y que se haga justicia con todo el peso de la ley.
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Captura y disposición judicial
La captura de Diego Murillo Ramírez representa un avance significativo en la búsqueda de justicia para las víctimas. Tras ser ubicado en la vía Armenia – Ibagué, fue puesto a disposición de las autoridades judiciales correspondientes. Ahora se espera que enfrente un proceso riguroso que garantice que no vuelva a quedar en libertad.
Las organizaciones defensoras de los derechos de las mujeres han resaltado la importancia de reforzar las medidas de protección y prevención de la violencia de género en el país. Asimismo, han instado a revisar las condiciones en las que se otorgan beneficios a los condenados por delitos de esta magnitud.
El caso de Murillo Ramírez evidencia la urgencia de endurecer penas y fortalecer la justicia para evitar reincidencias. Las familias exigen medidas efectivas que protejan a las mujeres.
