La decisión del alto tribunal pone fin a las acusaciones de corrupción electoral en Colombia

La Corte Suprema de Justicia de Colombia ha decidido inhibirse de abrir un proceso penal contra la excongresista Aida Merlano Rebolledo y el actual alcalde de Pereira, Mauricio Salazar Peláez, tras una denuncia por presunta financiación ilícita de campañas electorales, violación de topes de gasto y corrupción de sufragantes. La resolución de la Corte destaca la falta de pruebas concluyentes para vincular a los acusados con los delitos mencionados.

Lea también: Procuraduría formula cargos a rector de colegio por acoso laboral

Denuncia y declaraciones controvertidas

La denuncia inicial fue presentada por un abogado, quien se basó en declaraciones realizadas por Merlano en un medio de comunicación. En esas afirmaciones, la excongresista mencionó la supuesta entrega de $110 millones de pesos con fines ilícitos para la campaña de María Irma Noreña, esposa del alcalde Salazar, durante las elecciones a la Cámara de Representantes en 2022. Estas declaraciones generaron un gran revuelo en el ámbito político colombiano y levantaron sospechas sobre la integridad del proceso electoral en Pereira.

Sin embargo, Mauricio Salazar rápidamente negó las acusaciones, aclarando que el dinero mencionado había sido destinado a un colaborador para financiar campañas locales, lo que apuntaría a un préstamo privado más que a una acción ilícita. La defensa del alcalde subrayó que no existían pruebas contundentes que corroboraran la implicación de él ni de Merlano en actividades ilegales.

La decisión de la Corte y sus implicaciones

Tras una minuciosa revisión del caso, la Corte Suprema determinó que no había fundamentos suficientes para abrir un proceso penal, concluyendo que la transacción de dinero se trataba de un préstamo privado para actividades proselitistas. Este fallo no solo cierra la investigación, sino que también deja claro que las acusaciones no alcanzaron el umbral de prueba necesario para proceder.

Lea también: Gobierno nacional anuncia recursos económicos para el CIBI

La decisión ha sido recibida con alivio por parte de Salazar y su equipo, quienes argumentan que este resultado refuerza la legalidad de sus acciones en el contexto electoral. Por su parte, la excongresista Merlano, quien ha sido un personaje polémico en la política colombiana, continuará enfrentando su situación legal por otros casos aún pendientes.