El Ministerio Público investiga la situación de una docente afectada por la retención de salario y exclusiones en actividades laborales.
La Procuraduría General de la Nación ha formulado cargos contra Henry Molano Toro, rector (e) de la Institución Educativa Guacas en Pensilvania, Caldas, así como contra María Fernanda Herrera Calle, coordinadora (e) del mismo colegio, por presunto acoso laboral hacia una docente. La investigación detalla una serie de conductas que habrían menoscabado el ejercicio profesional de la profesora, incluyendo la retención de su salario y la exclusión de actividades de capacitación.
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Conductas que vulneraron los derechos de la docente
Según el informe de la Regional de Instrucción de Manizales, se alega que Molano Toro implementó prácticas perjudiciales que afectaron gravemente a la profesora. Además de la retención de su salario, se señala que la docente fue excluida de diversas actividades laborales esenciales para su desarrollo profesional. Según la denuncia, el rector también solicitó a los compañeros de la profesora que firmaran una carta donde se la señalaba como una persona conflictiva, un acto que podría ser interpretado como una estrategia para desacreditarla y aislarla.
La situación fue igualmente respaldada por la actitud de María Fernanda Herrera Calle, quien, en lugar de actuar en defensa de la profesora, presuntamente hizo caso omiso a las recomendaciones que le presentó. En un episodio revelador, Herrera Calle le confirmó a la docente que tenía libertad de actuar como deseara, añadiendo que no era un secreto que no la apreciaba. Estas afirmaciones han sido catalogadas como actos humillantes que contribuyeron al ambiente hostil que sufrió la docente en su lugar de trabajo.
Implicaciones legales y profesionales
La Procuraduría ha clasificado provisionalmente estas acciones como falta gravísima, calificada a título de culpa gravísima. Esto implica que tanto Molano Toro como Herrera Calle podrían enfrentarse a sanciones severas que van desde la suspensión de funciones hasta la destitución. La investigación busca no solo esclarecer los hechos, sino también enviar un mensaje claro sobre la importancia de proteger los derechos laborales y profesionales de todos los trabajadores de la educación.
Además, el caso resalta la necesidad de políticas efectivas para prevenir el acoso laboral en las instituciones educativas. La Procuraduría enfatiza que estos comportamientos son contrarios a los principios de moralidad y respeto que deben regir en la función pública. La comunidad educativa de Pensilvania y otras regiones del país están a la expectativa de cómo se desarrollará este proceso y las medidas que se implementarán para garantizar un ambiente laboral sano y respetuoso.
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La denuncia de este caso de acoso laboral resuena en un momento en que la visibilización de estas problemáticas es crucial. Instituciones educativas deben ser espacios seguros para todos, y los actos de acoso y hostigamiento no deben ser tolerados bajo ninguna circunstancia. La respuesta de la Procuraduría es un paso hacia la búsqueda de justicia para la docente afectada y un recordatorio de que la lucha contra el acoso laboral debe continuar en todos los ámbitos, especialmente en el educativo.
