La decisión del presidente Gustavo Petro genera preocupación entre los comerciantes que esperaban un aumento en sus ventas y un impulso al consumo en los estratos más bajos.

En un giro inesperado, el presidente Gustavo Petro ha decidido no sancionar el proyecto de ley que proponía la instauración de días sin IVA en Colombia. Esta medida, que buscaba fomentar el consumo y dar un respiro al sector comercio, ha causado gran malestar en la industria, la cual esperaba que la ley incentivara las ventas y beneficiara a los estratos 1, 2 y 3 de la población.

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Sebastián Restrepo, director ejecutivo de Fenalco Risaralda, destacó que durante las jornadas de días sin IVA anteriores, los comerciantes vieron un aumento del 30% en sus ventas. Esta estadística resalta el impacto positivo que tales iniciativas pueden tener en el comercio local y en el bolsillo de los consumidores de los sectores más vulnerables.

Motivos de la Decisión Presidencial

La decisión del presidente Petro se fundamenta en argumentos de inconstitucionalidad e inconveniencia. Según fuentes cercanas al Ejecutivo, el presidente considera que la medida representa una pérdida económica más significativa que el beneficio que podría traer a los colombianos. Petro ha manifestado su preocupación por el impacto fiscal que podría tener la implementación de los días sin IVA, y argumenta que el gasto público se vería afectado más que el beneficio tangible para los consumidores.

Impacto en el Sector Comercio

El descontento en el sector comercio es palpable, ya que muchos comerciantes contaban con el proyecto de ley para impulsar sus ventas en un mercado que ha enfrentado desafíos significativos. La medida de días sin IVA había demostrado ser una herramienta eficaz para aumentar el consumo y ofrecer alivio financiero a los consumidores de estratos más bajos, quienes se benefician especialmente de estos descuentos.

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El rechazo del proyecto de ley por parte del presidente Petro podría llevar a una revisión más profunda sobre cómo se pueden equilibrar las necesidades fiscales del país con las demandas del sector comercial y las expectativas de los consumidores. La decisión plantea un desafío para los responsables de políticas públicas, quienes deben considerar alternativas que puedan ofrecer beneficios tanto para la economía nacional como para los ciudadanos de menores ingresos.