Disputa legal por aguardiente real 24° entre ILC y FLA

Nueva edición limitada causa revuelo legal y comercial en Colombia

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Disputa entre ILC y FLA por Aguardiente Real 24° intensifica con nueva edición limitada, desafiando prohibición judicial y generando llamados legales y comerciales cruciales.

En medio del conflicto legal que enfrentan la Industria Licorera de Caldas (ILC) y la Fábrica de Licores de Antioquia (FLA), la disputa ha alcanzado un nuevo nivel con el lanzamiento del Aguardiente Real 24° por parte de la FLA, una edición limitada que está desafiando una prohibición judicial y generando reacciones legales y comerciales significativas.

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La disputa por una edición limitada

En diciembre pasado, la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC) impuso una medida cautelar contra la FLA, ordenando la retirada del mercado del Aguardiente Real amarillo debido a su similitud con el Aguardiente Amarillo de Manzanares de la ILC. Esta medida fue recientemente ratificada por el Tribunal Superior de Bogotá a finales de junio, reforzando la prohibición inicial.

Antecedentes y medidas judiciales

La controversia se remonta a la disputa por la similitud entre productos, donde la ILC alega que el Aguardiente Real de la FLA confunde a los consumidores por su color amarillo, similar al de su propio producto. La SIC respaldó esta posición con la medida cautelar, que ahora la FLA desafía con el lanzamiento de una nueva variante, el Aguardiente Real 24°.

El lanzamiento de la edición limitada

La FLA argumenta que el Aguardiente Real 24° es una versión renovada que no está sujeta a la prohibición vigente, destacando su botella con diseño opalizado y un sello de seguridad exclusivo que garantiza su autenticidad. Esta acción ha reavivado la disputa entre ambas entidades, generando expectativas sobre cómo se resolverá este nuevo giro legal.

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Reacción de la ILC y llamado a los gobernadores

Robledo Abogados, representantes legales de la ILC, han reafirmado la ilegalidad del Aguardiente Real amarillo de la FLA y han instado a los gobernadores de Colombia a cumplir con la medida cautelar de la SIC, solicitando que se prohíba la distribución del producto en sus respectivos territorios. Esta petición subraya la importancia de mantener la integridad del mercado de licores y la protección de los consumidores.

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