El Impuesto a las Regalías, a Debate en la Corte Constitucional.
En un intento por equilibrar el esquema tributario nacional, la Corte Constitucional colombiana ha convocado este viernes a una audiencia en la que se debatirá el impuesto a las regalías que afecta a empresas mineras y petroleras. Las compañías en cuestión argumentan que las regalías que abonan ya son un ingreso para el Gobierno y cuestionan el porqué deben tributar sobre una suma que no retienen.
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Anteriormente, estas regalías se podían deducir de los impuestos, pero recientes reformas tributarias terminaron con esa práctica, implementando un impuesto a la renta sobre este dinero que las empresas entregan al Gobierno por explotar el suelo nacional.
Según Blu Radio, la Corte Constitucional parece inclinarse a favor de estas empresas, con el razonamiento de que el dinero de las regalías ya se encuentra en manos del Gobierno y no debería estar sujeto a un impuesto adicional.
Impuesto al Patrimonio, otro gravamen que podría tambalear.
Junto con el impuesto a las regalías, otro gravamen en la mira es el impuesto al patrimonio, también incluido en la reciente reforma tributaria. Por el momento, queda por ver qué decisión tomará la Corte y cómo se definirá qué impuestos se mantienen y cuáles no.
No obstante, la potencial caída de estos impuestos podría no ser tan buena noticia para todos, especialmente para el Gobierno. Dado que estos eran gravámenes que afectaban a las empresas privadas y a las personas con grandes capitales, su eliminación no parecería ser una victoria para la administración gubernamental.
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De hecho, si estos impuestos son eliminados, la capacidad recaudatoria del estado se vería afectada, con un menor ingreso de dinero en materia tributaria. En otras palabras, habría menos dinero para las arcas del país.
Con menos ingresos, el Gobierno se vería en la necesidad de buscar otras fuentes de financiación para sus programas sociales. Este cambio en la estructura tributaria podría poner en riesgo la sostenibilidad de estos programas, a menos que se encuentren alternativas viables para financiarlos. La decisión de la Corte Constitucional, por lo tanto, no solo impactará a las empresas mineras y petroleras, sino también al panorama fiscal del país en general.
