Dos contratistas de los municipios de Balboa y Pueblo Rico en Risaralda han sido imputados por presuntos vínculos con la red criminal liderada por el excongresista Mario Castaño. Se les acusa de obtener contratos de manera irregular con diversas entidades públicas a nivel municipal, gubernamental y nacional. Camilo Andrés López Giraldo y Fausto Alonso Bedoya Grajales enfrentan cargos de concierto para delinquir e interés indebido en la celebración de contratos.
Según el director especializado contra la corrupción de la Fiscalía General de la Nación, Eduar Calderón, los contratistas habrían establecido contacto con la red de corrupción para obtener información anticipada sobre al menos seis procesos contractuales, cuyo valor asciende a 3.074 millones de pesos. Los contratos en cuestión abarcan el período comprendido entre 2021 y 2022.
«Los elementos de prueba indican que estos contratistas contactaron a un miembro de la red de corrupción para obtener de manera anticipada los pliegos de condiciones y otros requisitos legales y presupuestales de varios procesos contractuales entre abril de 2021 y marzo de 2022. Presuntamente, estos contratistas habrían entregado al entramado de corrupción el 10% del valor total de cada contrato de obra y el 25% del costo de consultoría en algunos de los contratos», explicó el director Calderón.
Entre los contratos direccionados de forma irregular se encuentran el contrato de obras e interventoría para el mejoramiento de vías urbanas en Pueblo Rico, así como la construcción de una cancha sintética de fútbol cinco en Balboa, ambos municipios pertenecientes a Risaralda. En el departamento de Caldas, se encontró evidencia de un contrato para la adecuación de carreteras veredales y la construcción de un parque en La Merced, además de otro contrato para el mantenimiento del polideportivo en el municipio de Aguadas.
De acuerdo con las investigaciones, Fausto Alonso Bedoya Grajales habría participado como miembro de los consorcios ganadores en tres de los procesos contractuales mencionados.
Es importante destacar que, hasta el momento, los contratistas imputados han negado los cargos presentados en su contra y no han aceptado su responsabilidad en los hechos señalados.
La imputación de estos contratistas pone de manifiesto una vez más la lucha constante contra la corrupción en Colombia y la importancia de garantizar la transparencia en los procesos de contratación pública. Las autoridades continúan trabajando para desmantelar redes criminales y asegurar que los recursos destinados al desarrollo de infraestructura y servicios públicos lleguen a quienes realmente los necesitan, promoviendo así un ambiente de justicia y equidad en beneficio de la sociedad.
