Un caso de billete falso en Pereira terminó con la captura de un hombre de 62 años que presuntamente intentó pagar un pasaje intermunicipal con $100.000 falsificados. Aunque registraba 12 anotaciones judiciales, un juez decidió imponerle detención domiciliaria mientras continúa el proceso penal.
El episodio ocurrió el viernes 6 de noviembre de 2026, durante el recorrido de un bus de servicio público entre Santa Rosa de Cabal y Pereira, en el departamento de Risaralda.
Según la información publicada por medios regionales, el pasajero abordó el vehículo hacia las 6:25 de la tarde, en el municipio de Dosquebradas, y entregó un billete de $100.000 para cancelar el transporte.
Lo que parecía una transacción habitual terminó en un procedimiento policial cuando el conductor examinó el dinero y encontró irregularidades que le hicieron sospechar de su autenticidad.
¿Cómo descubrieron el billete falso en Pereira?
El conductor recibió el billete y continuó el recorrido. Sin embargo, una congestión vehicular le permitió revisar con mayor detenimiento el dinero antes de entregar las vueltas correspondientes al pasajero.
Durante esa revisión advirtió que el papel presentaba características diferentes a las de un billete auténtico. Según los reportes conocidos, el conductor identificó la presunta falsificación y decidió informar lo sucedido a la Policía.
Las versiones publicadas por El Diario y otros medios señalan que, al percatarse de la situación, el pasajero se acercó al puesto del copiloto y le ofreció disculpas al transportador.
El conductor continuó hasta la Terminal de Transportes de Pereira, donde comunicó lo ocurrido a los uniformados. Allí se realizó el procedimiento de captura y la identificación del ciudadano.
La intervención permitió conocer que el hombre registraba varias anotaciones judiciales relacionadas con diferentes conductas investigadas durante más de dos décadas.
¿Por qué recibió detención domiciliaria si tenía 12 anotaciones?
La revisión de los registros judiciales arrojó que el capturado tenía 12 anotaciones, seis de ellas relacionadas con tráfico de moneda falsificada.
Los registros por esta última conducta corresponden a los años 2002, 2005, 2010, 2011, 2020 y 2026, según la información difundida sobre el procedimiento.
También aparecen anotaciones relacionadas con hurto y con tráfico, elaboración y tenencia de elementos destinados a la falsificación de moneda.
Sin embargo, existe una diferencia fundamental entre una anotación judicial y una condena. Una anotación puede reflejar que una persona estuvo vinculada a una investigación, sin que necesariamente exista una sentencia que declare su responsabilidad penal.
Por esa razón, las 12 anotaciones no permiten afirmar que el hombre haya sido condenado en 12 oportunidades.
Durante las audiencias preliminares, la Fiscalía 27 Seccional le imputó el delito de tráfico de moneda falsificada. De acuerdo con la información publicada por El Diario, el procesado no aceptó los cargos.
El ente acusador solicitó una medida de aseguramiento en establecimiento carcelario, pero el Juzgado Primero Promiscuo Municipal de Mistrató decidió imponerle detención domiciliaria.
Esto significa que el investigado debe cumplir la medida en su residencia bajo las condiciones que establezca la decisión judicial, mientras continúa el proceso.
La detención domiciliaria no constituye una absolución ni una condena. Es una medida de aseguramiento cuya finalidad es atender las necesidades procesales determinadas por el juez.
Hasta el momento, no se dispone del texto de la decisión judicial que permita establecer los argumentos específicos por los cuales el despacho descartó la medida solicitada por la Fiscalía.
¿Qué pena contempla la ley por circular un billete falso en Pereira?
El tráfico de moneda falsificada está contemplado en el artículo 274 del Código Penal colombiano, modificado por la Ley 777 de 2002.
Esta disposición sanciona conductas como introducir, adquirir, comercializar, recibir o hacer circular moneda nacional o extranjera falsa, bajo los supuestos previstos en la legislación.
La pena contemplada para este delito es de 48 a 144 meses de prisión, equivalentes a cuatro y doce años, respectivamente.
