Tras cinco días de ocupación, el desalojo en Miralindo se convirtió en el centro del debate social y político en Risaralda, luego de que más de 600 personas fueran retiradas del predio ubicado en la vereda El Aguacate, en jurisdicción del municipio de La Virginia. La intervención, ejecutada por las autoridades, generó denuncias por presunto uso excesivo de la fuerza y reavivó la discusión sobre el acceso a la tierra para campesinos y víctimas del conflicto armado.
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Desde tempranas horas, el operativo avanzó con la presencia de la fuerza pública y funcionarios de distintas entidades del Estado. Sin embargo, aunque el procedimiento se desarrolló sin enfrentamientos graves, líderes sociales cuestionaron la forma en la que se llevó a cabo el desalojo en Miralindo, especialmente por la presencia de menores de edad y adultos mayores en el lugar.
Desalojo en Miralindo y reclamos de organizaciones sociales
De acuerdo con lo manifestado por Sandra Milena Londoño, secretaria general del sindicato Sindiagro en Risaralda, el desalojo en Miralindo fue ejecutado de manera “demasiado drástica”. Según la dirigente sindical, las autoridades no habrían tenido en cuenta las condiciones de vulnerabilidad de muchas de las personas asentadas en el predio.
“Había niños, adultos mayores y familias completas que llevan años esperando una respuesta del Estado frente al acceso a la tierra. Aun así, el procedimiento se realizó sin las garantías necesarias”, aseguró Londoño, quien además resaltó que gran parte de los ocupantes se reconocen como campesinos y víctimas del conflicto armado.
Aunque las autoridades señalaron que el predio no podía ser ocupado de manera irregular, los reclamantes insistieron en que su presencia tenía un carácter pacífico. Además, afirmaron que el objetivo principal era visibilizar la necesidad de tierras para desarrollar proyectos agrícolas sostenibles.
Por otra parte, organizaciones sociales indicaron que el desalojo en Miralindo refleja una problemática estructural que se repite en varias regiones del país. Según explicaron, la falta de respuestas oportunas por parte de las entidades encargadas de la restitución de tierras ha llevado a que muchas comunidades recurran a este tipo de acciones.
Contexto del desalojo en Miralindo y la lucha por la tierra
El predio de Miralindo fue ocupado durante cinco días por más de 600 personas, quienes aseguraron ser reclamantes de tierras. Durante ese tiempo, levantaron cambuches y adecuaron espacios básicos, mientras solicitaban la presencia de entidades nacionales y departamentales.
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Sin embargo, tras agotar los plazos establecidos por la ley, las autoridades locales procedieron con el desalojo en Miralindo, argumentando la necesidad de restablecer el orden y proteger la propiedad privada. Según voceros oficiales, el procedimiento se realizó bajo los protocolos vigentes.
Aun así, líderes comunitarios señalaron que el operativo no incluyó una solución de fondo. Por el contrario, advirtieron que el retiro de las familias sin alternativas claras profundiza la crisis social en el sector rural de La Virginia y otros municipios de Risaralda.
Además, indicaron que muchos de los desalojados no cuentan con ingresos estables ni con tierras para subsistir. Por eso, consideran que el desalojo en Miralindo debe analizarse más allá del aspecto legal y verse como un llamado urgente a fortalecer la política agraria.
Postura de los campesinos tras el desalojo en Miralindo
Pese al retiro forzado del predio, los campesinos aseguraron que no desistirán de su propósito. Según lo expresó Sandra Milena Londoño, la lucha por el acceso a la tierra continuará a través de mecanismos legales y movilizaciones pacíficas.
“Este desalojo no acaba con nuestra exigencia. Por el contrario, nos motiva a seguir buscando soluciones reales para los campesinos y las víctimas del conflicto”, afirmó la dirigente sindical. Además, recalcó que los proyectos agrícolas que proponen podrían contribuir al desarrollo económico y a la seguridad alimentaria de la región.
Mientras tanto, los desalojados se dispersaron hacia distintos puntos del municipio y municipios cercanos. Algunos recibieron apoyo solidario de organizaciones sociales, mientras otros esperan una respuesta institucional que les permita avanzar en sus reclamaciones.
Entretanto, sectores defensores de derechos humanos solicitaron la apertura de espacios de diálogo. Según indicaron, el desalojo en Miralindo no debería cerrar la puerta a concertaciones que permitan una salida negociada y duradera.
