Capturas por presunto peculado en Dosquebradas avanzan tras decisión judicial

Las capturas por presunto peculado en Dosquebradas avanzan a una nueva etapa judicial luego de que un juez de control de garantías declarara legales las aprehensiones del exalcalde Diego Ramos, del exsecretario de Gobierno Juan Carlos Sepúlveda y de la exsecretaria privada Claudia Patricia García. Según la Fiscalía, los tres exfuncionarios estarían vinculados a presuntas irregularidades relacionadas con un convenio superior a los 760 millones de pesos destinado a organizar los eventos del aniversario número 50 del municipio, celebrado en 2022.

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Capturas por presunto peculado en Dosquebradas: contexto del caso

El juez concluyó que las capturas por presunto peculado en Dosquebradas cumplían con los requisitos legales. Esta validación permitió que la investigación continúe sin contratiempos, pues la imputación de cargos y la solicitud de medida de aseguramiento ya fueron programadas para el próximo lunes a las 7:30 a.m.

La Fiscalía indicó que el convenio cuestionado tuvo como objetivo contratar actividades artísticas y culturales para la conmemoración oficial. Sin embargo, los investigadores detectaron presuntas anomalías en la ejecución y supervisión de los recursos. Debido a ello, los exfuncionarios podrían enfrentar cargos por peculado por apropiación agravado, interés indebido en la celebración de contratos y falsedad ideológica en documento público.

El caso ha generado amplio interés público en Dosquebradas. La ciudadanía ha seguido de cerca el proceso, especialmente por el monto del convenio, considerado uno de los más altos en materia cultural para ese año.

Además, durante la diligencia judicial, el juez declaró ilegal la incautación de un portátil, un teléfono celular y una memoria USB que habían sido decomisados a la exsecretaria privada en el momento de su captura. Según explicó, los elementos fueron tomados sin cumplir los requisitos exigidos por la ley, lo que podría afectar parte del material probatorio.

A pesar de ello, los dispositivos quedaron bajo custodia de la Fiscalía. Sin embargo, las autoridades no podrán extraer la información hasta que un juez superior determine si la actuación debe mantenerse o si es necesario revocar la medida ordenada en primera instancia.

Debate jurídico alrededor de las capturas por presunto peculado en Dosquebradas

La defensa de Claudia Patricia García solicitó que se decretara la ilegalidad de su aprehensión. Aseguró que durante el procedimiento se habrían vulnerado sus derechos fundamentales. Entre los argumentos mencionó la posible autoincriminación forzada y la falta de garantías mínimas para la procesada. Este recurso también deberá ser resuelto por un juez de control de garantías en segunda instancia.

Mientras tanto, las partes se preparan para la próxima audiencia, en la cual la Fiscalía formalizará los cargos y solicitará una medida de aseguramiento. Este paso será clave para determinar si los acusados deberán enfrentar el proceso en libertad o bajo restricciones preventivas.

Expertos consultados precisaron que este tipo de decisiones marcan el rumbo del expediente, ya que permiten establecer si la evidencia inicial es suficiente para sostener la investigación. Además, recordaron que, pese al impacto mediático, los procesados mantienen su presunción de inocencia mientras no exista una sentencia condenatoria.

El proceso también ha puesto sobre la mesa la discusión sobre la vigilancia de los recursos destinados a actividades culturales. Para algunos observadores, estos presupuestos deben incluir mecanismos de control más estrictos. La razón es que, al tratarse de eventos masivos, suelen implicar contrataciones densas y múltiples proveedores. Por lo tanto, fortalecer las auditorías podría reducir riesgos de corrupción o irregularidades administrativas.

De otro lado, voceros ciudadanos pidieron claridad absoluta en el manejo de los fondos públicos. Consideran que el caso es una oportunidad para reforzar la transparencia de la administración municipal. Aseguraron que, independientemente del desenlace judicial, es indispensable mejorar la revisión de convenios y procesos contractuales.

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Asimismo, el desarrollo del caso podría influir en otros procesos relacionados con la conmemoración del aniversario de Dosquebradas. Algunas organizaciones han solicitado revisar contratos adicionales que se firmaron ese mismo año. Aunque la Fiscalía no ha confirmado aperturas nuevas, los residentes consideran que se debe garantizar la trazabilidad de cada contrato.

Mientras avanzan los trámites judiciales, la comunidad permanece expectante. Las autoridades esperan que la próxima audiencia permita despejar dudas, aclarar los alcances del presunto peculado e identificar si existieron fallas graves en el manejo del convenio de 2022.

La transparencia del proceso ha sido reiterada por la Fiscalía, que promete actuar con rigurosidad. Además, el ente acusador destacó que la decisión sobre la incautación de los equipos electrónicos será clave. La información contenida en ellos podría ser determinante para confirmar o descartar posibles irregularidades.