Cifras de violencia de pareja en Risaralda alertan por falta de herramientas de riesgo

La violencia de pareja en Risaralda aumentó a niveles preocupantes en 2025, según cifras oficiales que revelan un panorama complejo. El enfoque central del problema es la ausencia de un instrumento confiable para medir el riesgo de las víctimas, lo cual limita la prevención y la reacción temprana ante posibles feminicidios.

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Violencia de pareja en Risaralda: un problema que crece sin herramientas adecuadas

Entre enero y septiembre de 2025, Medicina Legal registró 600 casos de violencia de pareja en Risaralda, de los cuales 434 ocurrieron solo en Pereira. Estas cifras muestran una tendencia alarmante que afecta a cientos de mujeres. Además, evidencian que el departamento continúa enfrentando dificultades para frenar la violencia intrafamiliar.

A pesar del incremento en los reportes, Colombia aún no cuenta con un instrumento técnico capaz de evaluar de manera realista el nivel de riesgo de las víctimas. Esto impide que las instituciones identifiquen con precisión los casos que requieren intervención urgente.

Según organizaciones defensoras de los derechos de las mujeres, esta carencia genera un vacío institucional que afecta la vida y seguridad de quienes están en peligro. Cada caso no evaluado de forma adecuada aumenta la probabilidad de que la violencia escale hacia hechos más graves, incluidos los feminicidios.

Marisol Zuluaga, coordinadora de la Veeduría Departamental para la Atención de las Violencias contra la Mujer, explicó que el formulario hoy utilizado no responde a la realidad social del país. Señaló que está desactualizado, carece de enfoque diferencial y no contempla factores de riesgo específicos que suelen presentarse en regiones como Risaralda.

La falta de una herramienta ajustada al contexto hace que los agresores continúen su conducta sin que las autoridades dimensionen correctamente el riesgo.

Violencia de pareja en Risaralda: salud mental y prevención siguen siendo urgentes

Zuluaga advirtió que el origen del problema también se relaciona con la débil atención a la salud mental. Para ella, los casos de violencia de pareja en Risaralda no pueden analizarse sin considerar el impacto emocional y psicológico que viven tanto víctimas como agresores.

La veedora afirmó que las instituciones han ignorado durante años la importancia de la educación emocional, un aspecto indispensable para prevenir agresiones y desarrollar relaciones más sanas. Indicó que la salud mental debe ser una prioridad y no un servicio marginal al que pocas personas acceden.

Asimismo, hizo un llamado a la sociedad civil, entidades públicas y sectores privados. Solicitó que se fortalezcan las estrategias de bienestar psicológico y que se promueva la capacitación en habilidades emocionales. Aseguró que, sin estas acciones, será imposible reducir los índices de violencia y avanzar hacia una cultura de respeto y cuidado.

Expertas en género coinciden en que el sistema institucional requiere reformas profundas. Además, consideran necesario consolidar rutas de atención más eficientes, con enfoque humanizado y protocolos que garanticen la protección de las víctimas desde el primer contacto.

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La ciudadanía, por su parte, también juega un papel clave. Reportar agresiones, acompañar a quienes enfrentan situaciones de riesgo e impulsar una cultura de cero tolerancia a la violencia pueden convertirse en herramientas decisivas para transformar este panorama.

Hoy, Risaralda enfrenta una alerta social que exige respuestas rápidas. La creación de un nuevo instrumento para evaluar riesgos, adaptado al contexto colombiano, aparece como una necesidad urgente. Mientras tanto, las mujeres continúan expuestas en un entorno donde las medidas de protección siguen siendo insuficientes.

Prevenir futuros casos dependerá, en gran parte, de decisiones institucionales y del compromiso colectivo. La violencia de pareja no solo deja marcas físicas y psicológicas, sino que afecta el tejido social y la convivencia. Por ello, las cifras reveladas este año deben impulsar cambios concretos que protejan la vida de las mujeres en el departamento.