Indígenas Opiramá La Kayana exigieron reconocimiento como resguardo en Quinchía

Los indígenas Opiramá La Kayana protagonizaron una toma pacífica de más de cinco horas en el edificio de la Alcaldía de Quinchía, Risaralda, para exigir el reconocimiento de su comunidad como resguardo legal y la entrega oficial del terreno que actualmente habitan. El hecho causó tensión en Quinchía, pues funcionarios, concejales y el alcalde estuvieron retenidos dentro del edificio varias horas.

Lea también: ¡Cayó la banda! Seis capturados en la Operación Madagascar

Según los líderes indígenas, la protesta fue una presión ante la falta de respuesta del Gobierno y la SAE sobre el terreno ocupado. La comunidad insiste en que ese espacio es su territorio ancestral y reclaman que se les otorgue la administración legal del mismo.

Cinco horas de tensión en la Alcaldía de Quinchía

Durante la jornada, los manifestantes bloquearon el acceso principal al edificio, donde también funcionan el Concejo Municipal y la Personería. Los líderes indígenas afirmaron que su objetivo era exigir a las autoridades estabilidad territorial y el reconocimiento oficial de su comunidad.

La toma inició en horas de la mañana y se prolongó hasta pasadas las dos de la tarde. Durante ese tiempo, la Alcaldía permaneció cerrada al público, mientras representantes del Gobierno local buscaban establecer un diálogo con los voceros indígenas.

Según el secretario de Gobierno de Risaralda, Israel Londoño, la situación se controló sin incidentes y hubo diálogo directo con los manifestantes. “Les explicamos que el terreno que actualmente ocupan está bajo la administración de la Sociedad de Activos Especiales (SAE) y que el trámite para el reconocimiento como resguardo no depende ni de la Alcaldía ni de la Gobernación, sino del Ministerio del Interior”, señaló el funcionario.

Londoño agregó que, gracias al diálogo y la mediación de las autoridades departamentales, se logró que la comunidad indígena accediera a desalojar las instalaciones, sin que se presentaran alteraciones de orden público.

Acuerdo para una nueva mesa de diálogo con el Gobierno Nacional

Como resultado del encuentro, los manifestantes accedieron a retirarse del lugar tras participar en una reunión virtual con representantes del Estado central, quienes se comprometieron a revisar la situación jurídica del terreno y a estudiar la viabilidad de formalizar la comunidad como resguardo indígena.

El acuerdo incluyó la programación de una nueva reunión este jueves, en la que participarán autoridades locales, departamentales y nacionales, con el fin de definir una hoja de ruta que permita avanzar en la regularización del territorio.

Los líderes del grupo Opiramá La Kayana destacaron que su intención no fue generar caos, sino ser escuchados. “Nosotros queremos vivir en paz, pero también necesitamos que el Estado nos reconozca y nos respete como comunidad indígena”, manifestaron algunos voceros.

Por su parte, desde la Gobernación de Risaralda insistieron en que la legalización de un resguardo indígena requiere un proceso técnico y jurídico que debe tramitarse ante la Dirección de Asuntos Indígenas del Ministerio del Interior, y que los gobiernos locales solo pueden acompañar la gestión, no tomar decisiones de fondo sobre los terrenos administrados por la SAE.

Lea también: Un hombre intentó quemar viva a su expareja en Pereira

Contexto del conflicto territorial indígena en Risaralda

El caso de los Opiramá La Kayana no es aislado. En diferentes municipios de Risaralda se han presentado conflictos similares relacionados con la posesión de terrenos, el reconocimiento de comunidades y la protección de sus derechos territoriales.

Expertos en temas étnicos señalan que estos conflictos reflejan una deuda histórica con los pueblos indígenas, quienes siguen reclamando el cumplimiento de acuerdos y la protección de sus territorios ancestrales. La falta de coordinación entre entidades nacionales y locales ha generado, en muchos casos, demoras y frustraciones entre las comunidades que buscan su formalización.

Organizaciones sociales y de derechos humanos han pedido al Estado priorizar el diálogo intercultural y fortalecer la institucionalidad para evitar que situaciones como la de Quinchía se repitan. Según estas entidades, garantizar la propiedad colectiva y la autonomía indígena no solo contribuye a la justicia social, sino también a la preservación cultural y ambiental del país.