Agresiones a agentes de tránsito en Pereira y Dosquebradas preocupan a las autoridades
Las agresiones a agentes de tránsito en Pereira y Dosquebradas siguen siendo un tema de gran preocupación para las autoridades y la ciudadanía. Los agentes de tránsito, encargados de mantener el orden vial, sufren insultos, golpes y agresiones de conductores y peatones violentos.
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Reportes oficiales confirman agentes heridos en agresiones, con incapacidades de varios días que afectan su bienestar y la operatividad institucional. Esta situación evidencia un problema de cultura ciudadana y respeto hacia la autoridad que requiere medidas urgentes.
Datos recientes sobre agresiones a agentes de tránsito en Risaralda
En Dosquebradas, el secretario de Movilidad, Yeison Palacio, informó que en lo corrido del año cerca de ocho funcionarios han sido agredidos mientras cumplían con su deber. Un agente lleva más de 15 días incapacitado, esperando exámenes médicos que confirmen la gravedad de las lesiones ocasionadas.
Pereira enfrenta un panorama similar. El comandante de Tránsito del Instituto de Movilidad, Juan Carlos Escobar Restrepo, confirmó que siete agentes han sido víctimas de agresiones en lo que va del año. Aunque la cifra disminuyó levemente frente a años anteriores, el funcionario advirtió que no debe normalizarse la violencia contra agentes de tránsito.
Estos ataques se producen en medio de operativos de control rutinarios, como revisiones de documentos, uso del casco, cinturón de seguridad o control de embriaguez. En la mayoría de casos, infractores reaccionan agresivamente al ser sorprendidos, poniendo en riesgo al agente y a los ciudadanos presentes.
Marco legal y consecuencias de las agresiones a servidores públicos
El problema trasciende lo local. La Corte Suprema de Justicia ha reiterado en varias ocasiones que las agresiones contra servidores públicos representan un grave atentado contra la cohesión social. La violencia contra un agente de tránsito, un policía o cualquier funcionario en ejercicio de sus funciones, constituye un delito que debe ser sancionado con rigor.
De acuerdo con la legislación colombiana, este tipo de conductas puede ser castigado con penas de hasta 10 años de prisión. Esta medida busca desincentivar los ataques y garantizar que quienes cumplen con sus deberes cuenten con la protección necesaria para ejercer su labor.
Expertos en derecho subrayan que no se trata únicamente de proteger a un individuo, sino de salvaguardar la autoridad del Estado y el respeto a la institucionalidad. Si la ciudadanía percibe que la violencia es tolerada o queda en la impunidad, se erosiona la confianza en las instituciones y se debilita el cumplimiento de las normas.
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Cultura ciudadana y necesidad de respeto hacia la autoridad
Más allá del marco legal, el reto es de cultura ciudadana. Tanto en Pereira como en Dosquebradas, las autoridades de movilidad han insistido en que los conductores deben entender que los agentes no son enemigos, sino aliados para preservar la seguridad vial.
El respeto hacia la autoridad no solo evita sanciones y procesos judiciales, sino que también fortalece la convivencia en el espacio público. Actuar con agresividad frente a un control de tránsito genera consecuencias legales y sociales que afectan a toda la comunidad.
Las autoridades han anunciado que reforzarán las campañas pedagógicas para sensibilizar a los conductores y peatones sobre la importancia de cumplir las normas de tránsito y respetar a los agentes. Sin embargo, también han dejado claro que aplicarán la ley con severidad frente a quienes insistan en agredir a los funcionarios.
