Denuncian corrupción en la Unidad de Gestión del Riesgo en Risaralda
La congresista risaraldense Carolina Giraldo denunció un caso de corrupción en la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo en Risaralda. Según sus declaraciones, más de 6 mil millones de pesos destinados a entregar alimentos a damnificados por una avalancha en 2023 no fueron ejecutados de manera transparente.
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El contrato tenía como objetivo distribuir 685 mil raciones alimentarias a 7.611 personas afectadas en Mistrató y otros municipios del occidente del departamento. Sin embargo, 3.211 damnificados no recibieron ningún beneficio.
Corrupción en contratos de alimentos afecta a miles de damnificados
De acuerdo con la denuncia de Giraldo, lo más grave es que personas que no resultaron afectadas por la avalancha aparecen en los listados como beneficiarias. Según indicó, se hallaron registros de habitantes de Pereira y Dosquebradas que recibieron ayudas sin haber sido víctimas de la emergencia.
La congresista describió la situación como “una olla podrida” que refleja un patrón de irregularidades en el manejo de recursos de la Unidad de Gestión del Riesgo en Risaralda. Estas inconsistencias no solo afectan la transparencia institucional, sino que dejan a miles de personas vulnerables sin el apoyo que realmente necesitaban.
Antecedentes de la empresa contratada en Risaralda
Giraldo señaló además que la empresa contratada para ejecutar este programa de alimentos ya había tenido antecedentes cuestionables. Según recordó, fue la misma firma vinculada a un contrato durante la pandemia con la Gobernación de Risaralda, donde se perdieron más de 11 mil kits de alimentos destinados a familias vulnerables.
Para la parlamentaria, este hecho agrava la situación, ya que evidencia una posible red de contratación repetitiva que beneficia a ciertos operadores, aun cuando ya existen denuncias previas por fallas graves en la ejecución de los contratos.
“Estamos frente a un esquema de corrupción que se repite en Risaralda y que debe ser investigado a fondo por los organismos de control”, afirmó Giraldo.
Acceso limitado a la información del contrato
La congresista también denunció obstáculos para acceder a la información relacionada con este contrato. Explicó que solo pudo obtener algunos datos a través de una acción de tutela, cuya respuesta tardó cinco meses en llegar.
Incluso, advirtió que los documentos entregados resultaron incompletos, ya que no se incluyeron soportes financieros ni detalles técnicos que permitan verificar el cumplimiento de las obligaciones contractuales.
Este panorama, según Giraldo, es una señal alarmante de la falta de transparencia en la administración pública. La demora en entregar información y la ausencia de documentos claves dificultan que los ciudadanos y veedores puedan ejercer un control efectivo sobre los recursos.
Llamado a los organismos de control
La denuncia de la representante Carolina Giraldo ha generado eco en la opinión pública risaraldense. Organizaciones sociales y ciudadanos piden a la Contraloría, la Procuraduría y la Fiscalía investigar de manera inmediata estas presuntas irregularidades.
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Los recursos públicos destinados a la atención de desastres deben ser ejecutados con eficiencia, transparencia y urgencia. Cualquier desvío, pérdida o manipulación de los beneficiarios afecta directamente la confianza de la ciudadanía y la vida de quienes más lo necesitan.
Giraldo concluyó su pronunciamiento reiterando que seguirá vigilando la contratación pública en Risaralda y denunciando cada irregularidad que comprometa los intereses de las comunidades más vulnerables.
