Gobernador de Risaralda pide seguridad para mandatarios amenazados

El gobernador de Risaralda, Juan Diego Patiño Ochoa, pidió al Gobierno Nacional medidas urgentes para proteger a mandatarios amenazados en Colombia. Su llamado busca que alcaldes y gobernadores que enfrentan intimidaciones tengan el respaldo de la Fuerza Pública y garantías para ejercer sus funciones.

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El mandatario regional expresó su preocupación por el incremento de amenazas de grupos delincuenciales contra dirigentes locales, lo que, según él, pone en riesgo la gobernabilidad y la estabilidad democrática del país.

Amenazas contra gobernadores y alcaldes en Colombia

En los últimos meses, diversos mandatarios regionales han reportado amenazas de colectivos armados y estructuras criminales. Estos grupos buscan intimidar a las autoridades locales para frenar su gestión, debilitar el control institucional y mantener dinámicas ilegales en los territorios.

Patiño Ochoa explicó que los reportes de inteligencia ya han identificado riesgos específicos en varias regiones. Sin embargo, considera que las medidas de protección no han sido proporcionales a la gravedad de la situación.

“Es preocupante lo que está aconteciendo con algunos gobernadores y alcaldes que están recibiendo amenazas por grupos delincuenciales. Mi voz de solidaridad para ellos es solicitarle al Gobierno Nacional un acompañamiento efectivo, para que no tengamos tragedias que lamentar”, afirmó el gobernador.

El mandatario risaraldense insistió en que la seguridad de los mandatarios locales es un asunto de interés nacional, pues de su protección depende la continuidad de proyectos de desarrollo, la defensa de la democracia y la confianza de los ciudadanos en sus instituciones.

Gobernabilidad en riesgo si no hay protección efectiva

De acuerdo con Patiño Ochoa, la falta de protección adecuada podría generar un efecto negativo en la gobernabilidad de las regiones. La intimidación a líderes políticos no solo amenaza su vida, sino que también frena la capacidad de los gobiernos locales para implementar programas sociales, de infraestructura y de seguridad ciudadana.

“Ya sabiendo que hay unas amenazas, que hay inteligencia en este momento, aquí sí se vuelve más una exigencia. Es un llamado de atención al Gobierno Nacional para que garantice la seguridad de quienes hoy dirigimos los territorios en este país”, agregó Patiño.

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En este contexto, el gobernador hizo un llamado a la solidaridad nacional y pidió que los entes de control, las autoridades judiciales y las instituciones de seguridad actúen de manera coordinada para evitar hechos que puedan afectar la vida de los mandatarios y la estabilidad política de Colombia.

Contexto de las amenazas a líderes políticos en Colombia

Las amenazas contra dirigentes políticos no son nuevas en el país. Durante años, alcaldes y gobernadores han estado en la mira de grupos armados ilegales, narcotraficantes y estructuras criminales que buscan mantener influencia en los territorios.

Según informes de la Defensoría del Pueblo, más de un centenar de mandatarios locales han denunciado intimidaciones en los últimos años. Muchos de ellos han debido desplazarse, reforzar sus esquemas de seguridad o incluso gobernar desde fuera de sus municipios.

Expertos en seguridad coinciden en que la protección de los mandatarios locales es crucial no solo para salvaguardar sus vidas, sino también para garantizar la implementación de políticas públicas que mejoren la calidad de vida de las comunidades.

Llamado a fortalecer la seguridad democrática

El gobernador de Risaralda reiteró que la defensa de los mandatarios amenazados en Colombia es un compromiso del Estado. Subrayó que el Gobierno Nacional debe asumir un papel más activo, con presencia efectiva de la Fuerza Pública en las zonas donde se concentran las amenazas.

La solicitud de Patiño Ochoa se enmarca en un momento crítico, donde varios departamentos enfrentan desafíos de seguridad por la presencia de grupos armados y economías ilegales. En este panorama, la protección de líderes políticos se convierte en una medida indispensable para garantizar el orden y la confianza ciudadana.