Pereira espera los recursos para instalar las cámaras de seguridad

Pereira espera respuesta del Gobierno para avanzar en su plan de videovigilancia.

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Pereira sigue sin cámaras de seguridad pese a millonario convenio con el Gobierno

El proyecto de instalación de más de 500 cámaras de seguridad en Pereira, financiado por un convenio de 20 mil millones de pesos con el Ministerio del Interior, no ha presentado avances desde su firma hace casi un año. Esta situación genera preocupación en la ciudadanía y en las autoridades locales, quienes ven en la tecnología un aliado clave para combatir la inseguridad.

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Gobierno de Pereira espera destrabar proyecto de cámaras de seguridad

La palabra clave “cámaras de seguridad” ha sido eje central en las políticas de seguridad de la ciudad. No obstante, pese a la firma del convenio entre el Ministerio del Interior y la Alcaldía de Pereira, el proyecto se encuentra estancado.

Jorge Mario Trejos, secretario de Gobierno de Pereira, explicó que están buscando el acompañamiento de Asocapitales para agilizar el proceso. La intervención de esta asociación podría facilitar que el Ministerio del Interior en Bogotá libere los recursos y autorice la implementación del sistema de vigilancia.

“Necesitamos que se destrabe el proceso. La ciudad requiere con urgencia estas cámaras para judicializar y hacer seguimiento a hechos delictivos”, afirmó Trejos.

Una vez se liberen los recursos, Pereira podrá instalar cerca de mil cámaras de seguridad, lo que representaría un avance significativo frente a la cobertura actual de vigilancia en calles, parques, entradas y salidas de la ciudad.

Este sistema de monitoreo permitiría también la identificación de vehículos y personas involucradas en delitos, reforzando así las tareas de inteligencia y control por parte de la Policía Metropolitana.

Recursos propios podrían respaldar el inicio del proyecto

Mientras el convenio con el Gobierno Nacional continúa en pausa, la administración municipal no descarta otras vías para avanzar con el plan. Según Trejos, el municipio cuenta con 5.300 millones de pesos de recursos propios, que podrían ser utilizados para iniciar la primera fase del proyecto.

“Si en los próximos meses no se liberan los recursos nacionales, avanzaremos con lo que tenemos. La prioridad es la seguridad de los pereiranos”, aseguró el funcionario.

Estos recursos permitirían iniciar la instalación de las primeras cámaras, priorizando zonas de alta incidencia delictiva como el centro de la ciudad, sectores comerciales y áreas periféricas donde las denuncias por robos, hurtos y homicidios han aumentado.

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Según cifras recientes de la Secretaría de Gobierno, Pereira cerró el primer semestre del año con un aumento del 12% en los delitos de alto impacto frente al mismo periodo del año anterior. La falta de cámaras de seguridad limita el accionar de las autoridades en la recolección de pruebas y seguimiento de los casos.

Además, expertos en seguridad ciudadana advierten que el retraso en la implementación de estos dispositivos podría generar un efecto negativo en la percepción de seguridad de los habitantes, lo cual impacta en la convivencia y en la confianza hacia las instituciones.

Una herramienta clave en la lucha contra el crimen

Las cámaras de seguridad se han convertido en un recurso indispensable para la gestión urbana y la prevención del delito. Ciudades como Medellín, Bucaramanga y Cali han logrado reducir significativamente algunos indicadores de criminalidad gracias al fortalecimiento de sus redes de videovigilancia.

En Pereira, la expectativa es alta. El nuevo sistema, una vez en funcionamiento, contará con tecnología de punta, incluyendo reconocimiento facial y lectura automática de placas vehiculares. Estos avances facilitarán no solo la detección inmediata de hechos delictivos, sino también la articulación con bases de datos nacionales para la captura de personas con antecedentes judiciales.

No obstante, sin el apoyo efectivo del Gobierno Nacional, el proyecto continuará en pausa, mientras la delincuencia se adapta y avanza con rapidez. La ciudadanía, por su parte, reclama resultados concretos en materia de seguridad y transparencia en el manejo de los recursos destinados a este fin.

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