El regaño de la Corte Constitucional a la Fiscalía por no proteger la confidencialidad de antecedentes archivados
La Corte Constitucional ha emitido un fuerte llamado de atención a la Fiscalía General de la Nación por no resguardar adecuadamente la confidencialidad de las anotaciones judiciales de un ciudadano cuyo proceso penal fue archivado. La Sala Sexta reafirma derechos al buen nombre y habeas data, equilibrando transparencia penal con protección de la dignidad humana.
Lea también: Irán frena la ley del hiyab obligatorio en las mujeres
Fiscalía vulneró el habeas data al divulgar antecedentes sin valor penal
El caso llegó a la Corte Constitucional por medio de una tutela interpuesta por un ciudadano, cuyo nombre se mantiene en reserva. La Fiscalía hizo pública una anotación judicial archivada, perjudicando seriamente las oportunidades laborales del afectado.
Aunque no hubo condena, la anotación accesible generó desconfianza entre posibles empleadores y afectó su contratación.
Como resultado, el ciudadano fue descartado en múltiples oportunidades, lo que provocó perjuicios tanto económicos como reputacionales.
La Corte concluyó que mantener este tipo de registros accesibles al público constituye una violación del derecho al habeas data. En palabras del magistrado ponente Miguel Polo Rosero:
«Una anotación no equivale a una condena. Tiene un carácter meramente operativo dentro del sistema penal y no debe tener efectos punitivos».
Este fallo señala que las anotaciones judiciales no deben usarse para discriminar ni limitar derechos fundamentales como el empleo. De hecho, la Sala aclaró que esta clase de información debe mantenerse bajo estricta reserva dentro del sistema interno de la Fiscalía, específicamente el SPOA (Sistema Penal Oral Acusatorio).
Corte Constitucional ordena eliminar rastros del proceso archivado
En su sentencia, la Sala Sexta de Revisión determinó que la Fiscalía General de la Nación actuó de manera indebida al permitir que terceros accedieran a información que debía permanecer confidencial. Este acceso no solo representó una infracción al debido proceso, sino que también implicó una vulneración al principio de presunción de inocencia.
Según el fallo, cuando un proceso se archiva, se extingue la acción penal. En consecuencia, cualquier registro asociado no puede seguir siendo utilizado como si se tratara de un antecedente judicial. La Corte enfatizó que:
“El acceso indebido a los sistemas internos genera una afectación grave a los derechos al habeas data y al buen nombre, e incluso puede constituir una forma de discriminación”.
La decisión del alto tribunal fue clara: se deben eliminar de los registros de consulta pública todos los rastros del proceso en cuestión. Asimismo, se recalcó que este tipo de registros solo pueden ser consultados internamente por las autoridades competentes y bajo circunstancias específicas.
Protección de la información judicial: un equilibrio entre publicidad y derechos fundamentales
Este fallo plantea un debate necesario sobre los límites del acceso a la información en el sistema penal colombiano. Aunque el principio de publicidad es un pilar de la justicia, no puede prevalecer por encima de los derechos constitucionales al buen nombre y a la privacidad.
Lea también: Santa Rosa de Cabal, el municipio más frío de Risaralda
El caso analizado es un ejemplo claro de cómo una deficiencia institucional puede tener efectos duraderos sobre la vida de una persona. Tal como lo explicó la Corte, muchas veces estas anotaciones se convierten en barreras invisibles que impiden el acceso al empleo y fomentan la estigmatización social, aun cuando no haya existido una condena.
En este contexto, la sentencia sienta un precedente importante. Obliga a las instituciones judiciales a revisar sus protocolos de manejo de datos y a implementar mecanismos que garanticen la reserva de la información cuando esta ya no tiene valor penal.
