Mineros de Quinchía denuncian persecución en nombre de la justicia ambiental
En medio de una creciente tensión en el municipio de Quinchía, Risaralda, la comunidad minera tradicional ha alzado su voz contra lo que consideran una persecución sistemática. La palabra clave “justicia ambiental” ha sido utilizada por las autoridades para justificar recientes operativos, pero los mineros aseguran que se sienten criminalizados por ejercer una actividad ancestral.
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¿Justicia ambiental o abuso de autoridad? Mineros critican operativos en Quinchía
La polémica se intensificó tras operativos coordinados por la Corporación Autónoma Regional de Risaralda (Carder) en zonas rurales del municipio, según denunciaron los propios afectados. Esaú Mora, representante legal de los mineros tradicionales, expuso ante la Asamblea de Risaralda lo que calificó como un atropello.
“Nos tratan como ilegales y criminales, cuando lo único que pedimos es el derecho al trabajo y a la formalización”, expresó Mora con firmeza.
De acuerdo con su denuncia, los operativos involucraron a más de 300 uniformados, entre ellos miembros del Ejército, la Policía Nacional, el CTI y funcionarios de Carder. Las acciones se desarrollaron sin notificación previa a las comunidades, lo que provocó temor, pérdidas materiales y, en algunos casos, detenciones que los mineros califican como arbitrarias.
Uno de los incidentes más graves se registró en la vereda Juan Tapao, donde, según Mora, las autoridades “irrumpieron sin aviso y desmantelaron estructuras de minería artesanal” que representan inversiones superiores a los 10 millones de pesos.
“Nos están arrinconando sin alternativas, y eso también es violencia”, añadió.
Llamado al diálogo y críticas al silencio institucional
La intervención de Esaú Mora no se limitó a relatar los operativos. También dirigió fuertes críticas hacia la Oficina Minera Departamental, a la que calificó como un “fracaso institucional”. Igualmente, señaló a la Agencia Nacional de Minería por su falta de respuesta frente a las solicitudes de formalización del sector.
El líder minero pidió a la Asamblea Departamental que realice sesiones descentralizadas para visitar directamente las minas de Quinchía. Además, solicitó la creación de mesas de diálogo con el Ministerio de Minas, el Ministerio del Interior y el Ministerio de Defensa.
“Esta lucha es por el trabajo, por la vida, por el respeto a una tradición ancestral”, afirmó. Según Mora, muchos habitantes del municipio han vivido de esta actividad durante generaciones, sin acceso real a los mecanismos de legalización que el Estado promete, pero no aplica.
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También cuestionó las declaraciones del director de Carder, Julio César Gómez, quien aseguró en medios que algunos funcionarios de la entidad fueron víctimas de una asonada por parte de los mineros. Mora desmintió estos hechos y acusó a las autoridades de manipular la opinión pública.
“Hoy salimos 100 a defender nuestros compañeros. Mañana seremos mil. Porque no solo están atacando una actividad económica, están atacando una cultura”, puntualizó.