Familiares de víctimas de la tragedia en Jet Set presentan querella contra propietarios y el Estado

El martes 8 de abril, la tragedia en la discoteca Jet Set, ubicada en el Distrito Nacional, marcó un hito oscuro en la historia de la diversión nocturna de República Dominicana. Tras los lamentables hechos que cobró la vida de Virgilio Rafael Aponte Cruz y Rauny Cedano, los familiares de las víctimas han decidido dar el paso judicial y presentar una querella en contra de los responsables del local, así como del Estado y la Alcaldía del Distrito Nacional (ADN). Esta querella, que se formalizó ante la Fiscalía del Distrito Nacional y la Dirección de Persecución del Ministerio Público, busca obtener justicia y reparación por los daños sufridos.

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La querella presentada: actores clave y responsabilidades

La querella, que ya está en manos de la Fiscalía de la República Dominicana, incluye a Antonio Espaillat López y a su madre Ana Grecia López, propietarios del establecimiento. Los familiares de las víctimas, liderados por la viuda y los padres de los fallecidos, han solicitado que los responsables sean condenados por los daños materiales y morales causados. Además de los propietarios de la discoteca Jet Set, la querella también señala al Estado dominicano y a la Alcaldía del Distrito Nacional, a quienes se considera civilmente responsables.

Los querellantes incluyen a Wendely Manely Ramírez Gómez (viuda de Virgilio Rafael Aponte Cruz), Aide Dolores Aponte Moni y Dionys Rafael Cruz Rosario (padres de Aponte Cruz), quienes se encuentran acompañados del abogado Félix Humberto Portes. La demanda tiene un enfoque claro: exigir que los responsables asuman sus consecuencias legales y se les condene por los daños ocasionados.

Detalles de la querella y los daños reclamados

La querella busca que se condene a los encartados al pago de los daños materiales y morales sufridos por los querellantes. Esto incluye no solo los gastos derivados de la tragedia, sino también el sufrimiento físico y emocional de los afectados, como es el caso de Moisés Torres Pion y Crisyael Montilla, quienes sufrieron lesiones graves durante el suceso.

En el documento depositado en la Fiscalía y en la Dirección de Persecución del Ministerio Público, se exige que los responsables del local, la sociedad comercial Inversiones E y L, S.R.L. (dueños de Jet Set Club), así como el Estado dominicano y la Alcaldía del Distrito Nacional, sean condenados al pago de una suma de dinero que aún no ha sido determinada, pero que debe reflejar el sufrimiento de las víctimas.

Además de la solicitud de compensación económica, la querella subraya la importancia de que el proceso judicial se lleve a cabo con rapidez y justicia para evitar que hechos como el ocurrido en Jet Set queden impunes. La presión social sobre las autoridades ha crecido significativamente, especialmente en el contexto de la creciente preocupación por la seguridad en lugares públicos y la protección de los ciudadanos.

El contexto de la tragedia en Jet Set

La tragedia en la discoteca Jet Set ocurrió el 8 de abril, cuando un incidente en el establecimiento resultó en la muerte de dos personas y dejó a otras gravemente heridas. El suceso ha conmocionado a la sociedad dominicana, generando un debate sobre las condiciones de seguridad en los establecimientos nocturnos y la responsabilidad de las autoridades locales en la regulación de estos locales.

La discoteca Jet Set, que ha sido un lugar emblemático de la vida nocturna en Santo Domingo, se encuentra ahora en el centro de una investigación judicial que podría tener repercusiones para otros establecimientos de ocio en el país. La demanda presentada por los familiares de las víctimas pone en evidencia la necesidad urgente de una revisión de las políticas de seguridad y regulación de los espacios públicos en la República Dominicana.

Reacción pública y expectativas del caso

La respuesta pública ante la querella ha sido amplia, con sectores de la sociedad pidiendo justicia y un proceso transparente. Las víctimas no solo han dejado un vacío irreparable en sus familias, sino que el caso ha encendido la llama de la discusión sobre las responsabilidades de los propietarios de establecimientos y las autoridades que deben garantizar la seguridad de los ciudadanos.

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Expertos legales han subrayado la relevancia de que se lleve a cabo una investigación profunda, que no solo determine la responsabilidad de los involucrados, sino que también envíe un mensaje claro sobre la obligación de los empresarios de garantizar la seguridad de sus clientes y la necesidad de que las autoridades refuercen la supervisión de los locales públicos.