El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, aprobó un acuerdo para trasladar a más de 250 delincuentes del Tren de Aragua y la Mara Salvatrucha (MS-13) a las cárceles de El Salvador. Esta medida forma parte de una estrategia de cooperación internacional para combatir el crimen organizado.
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Trump paga a El Salvador para recluir a criminales transnacionales
El acuerdo alcanzado con el gobierno salvadoreño establece un pago de más de 6 millones de dólares (24 mil millones de pesos colombianos) para trasladar a 238 presuntos integrantes del Tren de Aragua y 13 miembros de la MS-13. Cada delincuente tendrá un costo de aproximadamente 20 mil dólares (80 millones de pesos COP) para el gobierno estadounidense.
Los capturados, considerados de alta peligrosidad, serán enviados al Centro de Confinamiento del Terrorismo (Cecot), una mega-prisión de máxima seguridad inaugurada en 2023 en El Salvador. Esta cárcel ha sido clave en la estrategia de mano dura del presidente Nayib Bukele contra las pandillas.
La colaboración entre ambos países busca reforzar las acciones contra el crimen transnacional. Además, Bukele ha propuesto ampliar la externalización penitenciaria, permitiendo que ciudadanos estadounidenses cumplan condenas en El Salvador. Esta iniciativa ha generado controversia en Estados Unidos, donde un juez federal bloqueó temporalmente la aplicación de la Ley de Enemigos Extranjeros para estas deportaciones.
Cecot: La prisión de alta seguridad que albergará a los reclusos
El Cecot es considerado uno de los penales más grandes y seguros del mundo. Con capacidad para 40 mil reclusos, cuenta con tecnología avanzada de vigilancia y estrictas medidas de aislamiento. Sus características incluyen:
- Sistemas de seguridad con tecnología de punta.
- Restricción total de visitas y contacto con el exterior.
- Reclusión en condiciones de aislamiento extremo.
El gobierno salvadoreño ha defendido la efectividad de su estrategia, asegurando que el régimen de excepción ha permitido la detención de más de 75 mil presuntos pandilleros desde 2022. No obstante, organismos internacionales han cuestionado el respeto a los derechos humanos en estas instalaciones.
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Un acuerdo que genera polémica
Si bien la iniciativa busca combatir el crimen organizado, ha despertado críticas por sus implicaciones legales y humanitarias. Expertos en derecho internacional cuestionan la legalidad de enviar reos a otro país bajo acuerdos financieros. También existen preocupaciones sobre la situación de los detenidos en un sistema penitenciario conocido por su régimen estricto y condiciones severas.
El futuro del acuerdo dependerá de las decisiones judiciales en Estados Unidos y del impacto que tenga en la lucha contra las pandillas. Mientras tanto, la cooperación entre ambas naciones continuará en busca de soluciones efectivas para enfrentar el crimen transnacional.
