La investigación revela una red trasnacional detrás de la explotación de mujeres en Asia.
La Fiscalía General de la Nación ha presentado cargos contra José Ignacio Gaona Pérez, dueño de una agencia de viajes en Pereira, y Angie Lorena Araque Manchola, por su presunta participación en una red de trata de personas. Según el ente acusador, ambos habrían utilizado la fachada de la agencia para gestionar tiquetes, pasaportes y visas, facilitando así la llegada de al menos cuatro mujeres a territorio asiático, dos de las cuales eran oriundas de Pereira.
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Una red internacional de explotación
Las investigaciones, lideradas por una fiscal de la Dirección Especializada contra las Violaciones a los Derechos Humanos, revelan que los viajes se realizaron entre junio de 2016 y octubre de 2019. Las víctimas, jóvenes con edades entre 19 y 25 años, fueron engañadas con ofertas laborales como comerciantes mayoristas. Sin embargo, al llegar a Asia, se encontraron en una situación de explotación. Los tratantes les retiraron los pasaportes y les impusieron la obligación de realizar actividades sexuales en un establecimiento nocturno, bajo la amenaza de una deuda por los costos del viaje y su manutención.
Las víctimas de Pereira, junto a otras captadas en Ipiales (Nariño) y Medellín (Antioquia), vivieron una pesadilla. En sus testimonios, relataron el maltrato físico y emocional que sufrieron, diseñado para someter su voluntad y obligarlas a cumplir con las demandas del grupo delictivo. Afortunadamente, tres de las jóvenes lograron escapar y, con la ayuda del consulado colombiano en Guangzhou, China, regresaron a su país.
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Implicaciones legales y sociales
Los delitos imputados a Gaona Pérez y Araque Manchola incluyen concierto para delinquir agravado, trata de personas y tentativa de trata de personas. La Fiscalía ha subrayado la gravedad de los crímenes, que no solo afectan a las víctimas, sino que también representan un desafío significativo para las autoridades en la lucha contra la trata de personas. La situación ha generado preocupación entre las organizaciones de derechos humanos y ha puesto de relieve la necesidad de fortalecer las medidas de protección y prevención.
