Los combates se han registrado en los municipios de Morales, Arenal, Río Viejo, Cantagallo y San Pablo, dejando a los campesinos en medio del fuego y la incertidumbre.
La situación es especialmente crítica en las zonas rurales de los municipios de Cantagallo y San Pablo, donde se concentra el trabajo humanitario liderado por la Regional del Magdalena Medio y diferentes organizaciones no gubernamentales. La Defensoría del Pueblo ha hecho un llamado a los grupos armados en conflicto para respetar los Derechos Humanos y proteger a la población civil, y ha instado al cumplimiento de las normas del Derecho Internacional Humanitario.
A través de su cuenta de Twitter, la Defensoría del Pueblo ha informado que lidera una misión humanitaria de verificación y acompañamiento a las comunidades afectadas en Alto Limón, Alto San Juan, San Juan Medio y Cerro Azul. La gobernación de Bolívar, las alcaldías y personerías de los municipios afectados y la Diócesis de Magangué también se han sumado a los esfuerzos para atender la crisis.
La preocupación es que la situación podría generar nuevos desplazamientos masivos en los próximos días si no se toman medidas urgentes para proteger a la población civil. Es por eso que las autoridades locales y regionales están trabajando en conjunto para abordar esta crisis humanitaria.
Mientras tanto, las familias afectadas continúan enfrentando una situación difícil y preocupante, con el temor constante de nuevos enfrentamientos y desplazamientos forzados. La comunidad internacional también ha mostrado su solidaridad con las víctimas de esta crisis humanitaria y ha instado a una solución pacífica y duradera al conflicto armado en Colombia.
