La violencia continúa siendo una realidad en algunas regiones de Colombia, como se evidencia con la masacre ocurrida en zona rural del municipio de Río Quito, en el departamento del Chocó. Cuatro personas fueron asesinadas, incluyendo a un firmante del acuerdo de paz, Suil Bejarano Robledo, cuya muerte representa un duro golpe a la implementación del acuerdo.
De acuerdo con Indepaz, tres de las víctimas aún no han sido identificadas y se desconoce quiénes fueron los autores de la masacre. Las autoridades ya están avanzando en las investigaciones para esclarecer los hechos y llevar a los responsables ante la justicia.
La Defensoría del Pueblo emitió un informe de seguimiento de alerta temprana a los municipios de Río Quito, El Cantón de San Pablo y Cértegui, en el cual se señala que los grupos armados ilegales han «exacerbado sus disputas por el control territorial». Estos grupos buscan el control de las economías tanto legales como ilegales en la zona, lo que ha generado un clima de violencia que afecta a la población civil.
Los grupos que actúan en la zona del Chocó son el ELN, paramilitares y bandas de carácter local, quienes luchan por el control del territorio y de las economías de la región. Esta situación es preocupante y pone en riesgo la vida y la integridad de la población civil, además de obstaculizar la implementación del acuerdo de paz en la región.
Es necesario que las autoridades tomen medidas efectivas para frenar la violencia en el Chocó y garantizar la seguridad de la población civil. También es importante que se investiguen los hechos de la masacre de Río Quito y se lleve a los responsables ante la justicia. La paz y la seguridad son derechos fundamentales de todos los colombianos y es responsabilidad del Estado garantizar su protección.
