La minería ilegal en Marsella encendió las alarmas ambientales tras un operativo interinstitucional en la zona forestal protectora del río San Francisco. Las autoridades confirmaron excavaciones para la extracción ilícita de oro en la vereda Buena Vista.
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El procedimiento fue liderado por la Corporación Autónoma Regional de Risaralda (CARDER), en articulación con la Policía de Risaralda y la Fiscalía General de la Nación. Durante la visita técnica, los funcionarios evidenciaron afectaciones directas sobre el suelo, el agua y la biodiversidad del sector.
Según el informe preliminar, la explotación ilícita se desarrollaba en una zona de especial protección ambiental. Por tanto, el impacto ecológico resulta más grave debido a la fragilidad del ecosistema intervenido.
Minería ilegal en Marsella afecta zona forestal protectora
El operativo permitió identificar cuatro excavaciones con una profundidad promedio de 3,5 metros. Estas cavidades fueron utilizadas para la extracción ilegal de oro.
Además, los técnicos constataron la eliminación de cobertura vegetal nativa. Esta práctica altera el equilibrio natural y expone el suelo a procesos de erosión acelerada.
De igual forma, se evidenció la intervención directa del cauce del río San Francisco. Esta situación compromete la calidad del agua y pone en riesgo las fuentes hídricas que abastecen a comunidades cercanas.
Las autoridades también hallaron infraestructura artesanal utilizada en la explotación. Entre los elementos encontrados había bateas y tanques empleados para el lavado del material aurífero.
Sin embargo, uno de los aspectos que más preocupa es la persistencia de la actividad ilegal. Según CARDER, ya se habían realizado controles previos en la zona.
A pesar de esas acciones, los responsables continuaron con la extracción ilícita. Por consiguiente, la investigación penal avanzará para identificar a los implicados.
Autoridades refuerzan controles contra la minería ilegal en Marsella
La minería ilegal en Marsella no solo representa un delito ambiental. También constituye un problema social y económico que afecta la sostenibilidad del territorio.
En consecuencia, la articulación entre entidades busca frenar estas prácticas antes de que el daño sea irreversible. La CARDER reiteró que las zonas forestales protectoras cuentan con un régimen especial de conservación.
Asimismo, la Fiscalía anunció que recopilará pruebas técnicas para sustentar posibles imputaciones. La extracción ilícita de minerales contempla sanciones penales y económicas.
Por su parte, la Policía de Risaralda señaló que intensificará los patrullajes rurales. El objetivo es evitar que nuevas estructuras criminales se instalen en el municipio.
Expertos ambientales advierten que la minería ilegal genera impactos acumulativos. Primero, degrada el suelo y altera la geomorfología del terreno. Luego, contamina fuentes hídricas con sedimentos y posibles sustancias químicas.
Además, la pérdida de cobertura vegetal reduce la capacidad de regulación climática del bosque. Esto incrementa el riesgo de deslizamientos y afecta la fauna silvestre.
Marsella es reconocido por su riqueza natural y paisajes cafeteros. Por ello, la presencia de minería clandestina genera preocupación en la comunidad.
Habitantes de la vereda Buena Vista manifestaron inquietud ante el deterioro del entorno. Según indicaron, el río San Francisco es fundamental para actividades agrícolas y domésticas.
Impacto ambiental y llamado a la denuncia ciudadana
La minería ilegal en Marsella deja una huella profunda en el ecosistema. No solo modifica el paisaje, sino que compromete la seguridad hídrica del municipio.
Las excavaciones detectadas alteraron el cauce natural del río. En consecuencia, aumenta la turbidez del agua y se afectan los hábitats acuáticos.
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De igual manera, la remoción de tierra sin planificación técnica incrementa la vulnerabilidad del terreno. Esto puede desencadenar procesos erosivos y pérdida de fertilidad.
Las autoridades hicieron un llamado a la denuncia ciudadana. La colaboración comunitaria resulta indispensable para detectar a tiempo actividades ilícitas.
Además, recordaron que la explotación minera requiere licencias ambientales y títulos legalmente otorgados. Sin estos permisos, cualquier intervención constituye delito.
La CARDER reiteró su compromiso con la protección de los recursos naturales de Risaralda. Sin embargo, insistió en que la prevención requiere trabajo conjunto entre Estado y comunidad.
