Más de 100 familias del corregimiento de La Bella, en Pereira, enfrentan una orden de desalojo en La Bella Pereira tras una decisión emitida por la autoridad ambiental de Risaralda. La medida ordena la demolición de viviendas y predios ubicados dentro de la zona de protección ambiental Barbas – Bremen, una de las reservas ecológicas más importantes del departamento.
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La notificación ha generado preocupación, inconformidad y rechazo entre los habitantes. Según la comunidad, muchas de estas familias llevan años asentadas en el territorio, donde construyeron sus viviendas y desarrollaron cultivos de subsistencia sin causar afectaciones al ecosistema. Sin embargo, la decisión administrativa avanzó sin que, aseguran, se garantizara plenamente el derecho a la defensa.
Orden de desalojo en La Bella Pereira genera tensión social
La orden de desalojo en La Bella Pereira fue emitida por la Corporación Autónoma Regional de Risaralda (Carder). Esta entidad argumenta que los predios intervenidos se encuentran dentro de un área de protección ambiental estratégica. Por tanto, según la autoridad, las construcciones no pueden mantenerse en el lugar.
No obstante, los habitantes del corregimiento sostienen que la medida desconoce la realidad social del territorio. Además, señalan que la mayoría de familias llegó al sector hace varios años, cuando no existía claridad sobre los límites de la zona protegida. Por eso, consideran que la decisión resulta desproporcionada.
De acuerdo con los afectados, la notificación llegó de manera sorpresiva. Asimismo, aseguran que no se les permitió presentar pruebas ni argumentos técnicos que demostraran que sus actividades no están causando daños ambientales. Esta situación ha incrementado la tensión entre la comunidad y la autoridad ambiental.
Comunidad denuncia falta de derecho a la contradicción
Uno de los voceros de la comunidad es Julio Franco, líder del corregimiento de La Bella y propietario de uno de los predios que serían demolidos. Según Franco, la Carder no garantizó el derecho a la contradicción durante el proceso administrativo.
“El problema no es solo la orden de desalojo, sino que no nos dieron la oportunidad de demostrar que no estamos afectando la reserva”, afirmó el líder comunitario. Además, señaló que muchas familias viven de pequeños cultivos tradicionales que han coexistido con el entorno natural durante años.
En este contexto, los habitantes consideran que la medida equivale a una expropiación de hecho. Por eso, insisten en que el Estado debe ofrecer alternativas claras antes de ordenar la demolición de viviendas. De lo contrario, advierten, se estaría vulnerando el derecho a una vivienda digna.
Zona Barbas-Bremen, un área ambiental estratégica
La reserva Barbas – Bremen es reconocida por su alto valor ecológico. Esta zona protege importantes fuentes hídricas y una biodiversidad clave para el equilibrio ambiental del Eje Cafetero. Por esta razón, la autoridad ambiental mantiene una política estricta frente a la ocupación del territorio.
Sin embargo, expertos en temas sociales han señalado que los procesos de protección ambiental deben incluir enfoques diferenciales. Es decir, además de cuidar el ecosistema, se deben considerar las condiciones socioeconómicas de las comunidades asentadas en el área.
En el caso de La Bella, las familias aseguran que nunca recibieron acompañamiento institucional. Tampoco, según indican, se les ofrecieron programas de reubicación o reconversión productiva. Por ello, la orden de desalojo en La Bella Pereira ha sido interpretada como una acción unilateral.
Anuncian protestas y acciones colectivas
Ante la falta de respuestas claras, las familias afectadas anunciaron acciones de protesta en el centro poblado del corregimiento de La Bella. Según explicaron, las manifestaciones serán pacíficas y buscan llamar la atención de las autoridades locales y departamentales.
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El objetivo principal es exigir un trato digno y la apertura de espacios de diálogo. Además, la comunidad espera que la Carder evalúe alternativas de solución que no impliquen la demolición inmediata de las viviendas. Entre las propuestas planteadas están la legalización condicionada, la reubicación concertada o la implementación de proyectos ambientales comunitarios.
Los líderes sociales también han solicitado el acompañamiento de la Defensoría del Pueblo y de la Personería de Pereira. Estas entidades podrían verificar si el proceso administrativo respetó los derechos fundamentales de las familias.
