Desde diciembre, la ausencia de funcionarios Ad Hoc electorales en Risaralda ha generado una creciente preocupación institucional. Esta situación afecta directamente la organización, vigilancia y garantías de cara a las elecciones al Congreso de la República, según lo han advertido organismos de control y autoridades locales.
Lea también: Pereira se proyecta como líder en cirugía avanzada de columna
Aunque el Gobernador de Risaralda, Juan Diego Patiño, y el Alcalde de Pereira, Mauricio Salazar, manifestaron oportunamente sus impedimentos legales, el Gobierno Nacional aún no designa a los reemplazos temporales. Por lo tanto, se mantiene un vacío administrativo que impacta el normal desarrollo del proceso electoral.
Impedimentos declarados y ausencia de funcionarios Ad Hoc electorales en Risaralda
Desde el mes de diciembre, tanto el gobernador como el alcalde informaron formalmente a la Procuraduría General de la Nación sobre sus impedimentos. En el caso del mandatario departamental, su padre aspira al Senado de la República. Entre tanto, la esposa del alcalde de Pereira también es candidata al Congreso.
Debido a estos vínculos familiares directos, la ley exige que ambos funcionarios se aparten de cualquier actuación relacionada con el proceso electoral. En consecuencia, el Ministerio del Interior debe nombrar funcionarios Ad Hoc electorales en Risaralda que asuman esas funciones específicas de manera temporal.
Sin embargo, pese a que el impedimento fue presentado con antelación, hasta el momento no existe un nombramiento oficial. Por esta razón, varias instancias han advertido sobre los riesgos que implica esta omisión para la transparencia electoral.
Además, expertos en derecho público coinciden en que la falta de acción oportuna vulnera principios básicos del Estado social de derecho. Asimismo, se debilita la confianza ciudadana en las instituciones encargadas de velar por la democracia.
Acción de tutela por falta de funcionarios Ad Hoc electorales en Risaralda
Ante este panorama, la Contraloría General de la República decidió interponer una acción de tutela. Esta acción judicial va dirigida contra la Presidencia de la República y el Ministerio del Interior, a quienes se les señala por una presunta omisión administrativa.
Según el ente de control, no designar funcionarios Ad Hoc electorales en Risaralda vulnera los derechos fundamentales a la participación política. Además, afecta el derecho colectivo a elecciones libres, transparentes y con plenas garantías.
La Contraloría argumenta que el Estado tiene la obligación de adoptar medidas oportunas para evitar vacíos de poder. De lo contrario, se pone en riesgo el equilibrio institucional durante un proceso electoral de alto impacto nacional.
Por otra parte, la tutela busca que un juez constitucional ordene el nombramiento inmediato de los funcionarios requeridos. Así, se pretende restablecer el normal funcionamiento de los mecanismos de control electoral en el departamento.
Lea también: Baja el precio de la gasolina en Risaralda
Comités de Garantías Electorales, paralizados por la falta de designaciones
Uno de los efectos más graves de esta situación es la imposibilidad de realizar los Comités de Garantías Electorales de forma presencial. Así lo explicó Israel Londoño, funcionario del Gobierno departamental, quien alertó sobre las consecuencias prácticas de esta ausencia.
Según Londoño, estos comités deben reunirse semanalmente para analizar riesgos electorales, denuncias ciudadanas y posibles alteraciones del orden público. Sin embargo, al no existir una autoridad competente que los presida, su realización pierde sentido y efectividad.
Además, estos espacios son fundamentales para coordinar acciones entre autoridades civiles, fuerza pública y organismos de control. Por ello, su parálisis representa un retroceso en la prevención de delitos electorales.
Mientras tanto, algunos encuentros se han intentado realizar de manera virtual. No obstante, las autoridades coinciden en que esta modalidad no reemplaza la eficacia de las reuniones presenciales, especialmente en contextos territoriales complejos.
Riesgos institucionales y llamado urgente al Gobierno Nacional
La falta de funcionarios Ad Hoc electorales en Risaralda no solo es un asunto administrativo. En realidad, se trata de un problema que puede afectar la legitimidad del proceso electoral en la región.
Por un lado, se incrementa el riesgo de que denuncias o alertas tempranas no sean atendidas oportunamente. Por otro lado, se limita la capacidad de reacción del Estado frente a posibles irregularidades.
Además, distintos sectores políticos y sociales han comenzado a manifestar su preocupación. Aunque el proceso electoral aún se encuentra en etapas iniciales, el tiempo juega en contra de las garantías democráticas.
Por esta razón, organismos de control y autoridades locales han hecho un llamado urgente al Gobierno Nacional. La solicitud es clara: actuar de manera inmediata y responsable para evitar mayores afectaciones.
En definitiva, el nombramiento de los funcionarios Ad Hoc no es una opción, sino una obligación legal. Cumplirla fortalece la democracia y envía un mensaje de respeto por las reglas del juego electoral.
