La elección del contralor de Risaralda volvió a quedar en suspenso tras la renuncia de dos integrantes de la terna habilitada. El proceso, que avanzaba hacia su etapa final, deberá reiniciarse el próximo año por falta de requisitos legales.
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La noticia generó reacciones inmediatas en la Asamblea Departamental. Además, abrió un nuevo periodo de análisis institucional sobre los tiempos y las responsabilidades del proceso. Por ello, la mesa directiva anunció ajustes para garantizar transparencia y participación ciudadana.
Renuncias frenan la elección del contralor de Risaralda
En primer lugar, John Freddy Amaya presentó su renuncia a la terna. Posteriormente, David Giraldo tomó la misma decisión. Ambos aspirantes habían superado la evaluación técnica realizada por la Universidad de Cartagena.
Sin embargo, estas dimisiones dejaron incompleta la terna. Por lo tanto, la Asamblea Departamental no pudo avanzar con la designación prevista en el calendario. Según la normativa vigente, la elección exige una terna completa y vigente.
Juan Carlos Valencia, diputado de Risaralda, explicó el alcance del escenario. “Con estas renuncias, la terna queda incompleta y el proceso no puede continuar”, señaló. Además, precisó que la ley obliga a reiniciar una etapa del procedimiento.
En consecuencia, la corporación no realizará votación alguna en lo que resta del año. Así, el proceso entra en pausa administrativa hasta que se definan nuevas fechas y condiciones.
Qué sigue tras el aplazamiento de la elección del contralor de Risaralda
Ahora, la mesa directiva deberá revisar el listado completo de aspirantes que aprobaron las pruebas. Luego, publicará los nombres en la página web oficial de la Asamblea. Este paso busca garantizar publicidad y control social.
Además, se abrirá un periodo de cinco días para que la comunidad presente observaciones. Durante ese lapso, ciudadanos y organizaciones podrán emitir comentarios, objeciones o respaldos. De este modo, el proceso mantiene un enfoque participativo.
Sin embargo, el reinicio formal de la elección del contralor de Risaralda dependerá del calendario institucional. El próximo año se definirá si el trámite se retoma en sesiones ordinarias o extraordinarias. Esta decisión quedará en manos del gobernador del departamento.
Por otra parte, el aplazamiento genera efectos administrativos. El ente de control continuará con dirección encargada, mientras se concreta la elección en propiedad. Aunque esta figura garantiza continuidad, también incrementa la expectativa pública.
Contexto del proceso y evaluación académica
Cabe recordar que la Universidad de Cartagena adelantó la etapa de evaluación. La institución aplicó pruebas de conocimientos, competencias y experiencia. Gracias a este filtro, se conformó la terna inicial.
No obstante, las renuncias cambiaron el escenario. Según fuentes de la Asamblea, las dimisiones responden a decisiones personales. Aun así, el impacto institucional resulta significativo.
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Además, el proceso de elección del contralor resulta clave para la vigilancia fiscal. Este cargo supervisa el uso de recursos públicos en el departamento. Por eso, su designación genera alto interés ciudadano.
En términos políticos, el aplazamiento obliga a reordenar agendas. Asimismo, exige consensos para retomar el proceso con garantías. La Asamblea busca evitar errores procedimentales que generen nuevas suspensiones.
Reacciones y llamado a la participación ciudadana
Diversos sectores han pedido celeridad y claridad. Sin embargo, también solicitan rigor jurídico. “Es mejor reiniciar con bases sólidas que apresurar una elección vulnerable”, comentó un analista local.
Además, organizaciones civiles invitaron a la ciudadanía a participar en el periodo de observaciones. Este espacio permite fortalecer la legitimidad del proceso. Por ello, la Asamblea insiste en la consulta pública.
De cara al próximo año, el debate seguirá abierto. Mientras tanto, la elección del contralor de Risaralda se mantiene como un tema prioritario en la agenda regional. La expectativa crece, y la decisión final marcará el rumbo del control fiscal.
En conclusión, el aplazamiento refleja los retos de los procesos institucionales. No obstante, también ofrece una oportunidad para mejorar prácticas y reforzar la confianza pública. Los ciudadanos podrán seguir el proceso y participar activamente cuando se reanude.
