Capturas por convenio de 760 millones en Dosquebradas generan nueva alerta judicial

El caso involucra a exfuncionarios de alto nivel y expone posibles irregularidades en la contratación pública durante la celebración del aniversario 50 del municipio en 2022.

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Audiencias avanzan por capturas por convenio de 760 millones

La semana anterior, un juez de control de garantías declaró legales las capturas por convenio de 760 millones, decisión que dio vía libre a las siguientes etapas del proceso. Los detenidos son el exalcalde Diego Ramos, el exsecretario de Gobierno Juan Carlos Sepúlveda y la exsecretaria privada Claudia Patricia García, quienes fueron capturados en operativos simultáneos.

Estos exfuncionarios están vinculados a un convenio firmado para organizar actividades artísticas y culturales en el marco del aniversario número 50 de Dosquebradas. El monto supera los 760 millones de pesos, y según la Fiscalía, existen indicios de posibles irregularidades en su ejecución.

El aval judicial a las capturas permitió que el caso avanzara hacia las diligencias definidas para este martes, donde la Fiscalía presentará la imputación de cargos. Además, solicitará una medida de aseguramiento debido al impacto que habrían tenido las decisiones tomadas durante esa administración.

Aunque los abogados defensores insistieron en que no existían razones para ordenar las capturas, el juez concluyó que la legalidad del procedimiento estaba plenamente acreditada. Este punto permitió que la investigación siguiera su curso sin obstáculos.

Por otra parte, la Fiscalía señaló que el convenio cuestionado tuvo fallas desde su origen. También aseguró que varios documentos pudieron haber sido manipulados para justificar gastos, actividades y procesos que no coincidían con la realidad.

Imputaciones buscan aclarar capturas por convenio de 760 millones

Hoy se espera la imputación formal de delitos como peculado por apropiación agravado, interés indebido en la celebración de contratos y falsedad ideológica en documento público. Estos cargos se sustentan en la presunta apropiación de recursos destinados a los eventos del aniversario municipal.

La audiencia está programada en horas de la mañana. Durante esta, los fiscales a cargo explicarán los elementos que, según ellos, demuestran la existencia de maniobras irregulares dentro del proceso contractual. De confirmarse estos hechos, la responsabilidad penal de los exfuncionarios podría ser significativa.

Fuentes del ente acusador aseguran que el convenio presentaba pagos sin soportes completos, actividades culturales facturadas que no se realizaron y contratistas que no cumplían con las condiciones exigidas. Estos puntos generan dudas que la Fiscalía intentará aclarar con testimonios, documentos y material probatorio.

Mientras tanto, la defensa ha reiterado que el proceso administrativo se llevó a cabo bajo los protocolos establecidos. También afirma que las decisiones se tomaron para garantizar la celebración de un evento histórico para el municipio. Sin embargo, la Fiscalía sostiene que los hallazgos contradicen estas afirmaciones.

El caso ha generado preocupación entre la ciudadanía, pues involucra a figuras que durante años tuvieron influencia en la administración local. El avance del proceso crea tensiones políticas y sociales, ya que revive debates sobre la transparencia en la contratación pública en Dosquebradas.

A medida que se desarrollen las audiencias, aumentan las expectativas por conocer si el juez aceptará la medida de aseguramiento. Esta decisión será clave para definir cómo continuarán las investigaciones y si los imputados deberán enfrentar el proceso en libertad o bajo restricción.

Los organismos de control también han mostrado interés en el caso. Se espera que la Procuraduría y la Contraloría analicen los hallazgos para determinar si existen responsabilidades disciplinarias o fiscales adicionales.

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Ciudadanos y líderes sociales han solicitado claridad absoluta sobre el uso de los recursos. También piden que la investigación avance con transparencia, ya que se trata de dinero público que debía fortalecer la cultura y el patrimonio local.

El proceso continúa en desarrollo y las autoridades judiciales aseguran que cada paso se llevará a cabo con rigor. La Fiscalía insistió en que su objetivo es garantizar la verdad, proteger el erario y evitar que hechos similares se repitan en la contratación estatal.