Familias afectadas denuncian incumplimientos en entrega de tierras

El desalojo en Combia se convirtió en el eje de tensión rural en Risaralda. En el primer momento del operativo, las autoridades retiraron a las familias campesinas que permanecían instaladas en la vereda La Siria. Según los habitantes, llevaban dos años pidiendo al Gobierno Nacional que cumpliera sus compromisos relacionados con adjudicación de tierras para desarrollar proyectos agrícolas. Pese a sus solicitudes, afirman que no han recibido respuestas claras.

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Las familias llegaron al predio con la esperanza de iniciar una alternativa productiva. Durante meses buscaron canales institucionales. Sin embargo, aseguran que las gestiones no avanzaron. Por esta razón, decidieron declararse en asamblea permanente para visibilizar la crisis de acceso a la tierra. El grupo estaba conformado por cerca de 500 familias provenientes de diferentes zonas rurales del municipio.

Aunque la situación era tensa, los campesinos insistían en que su intención siempre fue pacífica. También señalaron que se vieron obligados a ocupar el predio debido a que no tenían otra opción para garantizar su sustento. Gran parte de ellos ha participado en procesos agrícolas comunitarios y esperaba que el Gobierno respaldara los acuerdos previos.

Autoridades justifican el desalojo en Combia

El desalojo en Combia fue acompañado por funcionarios de la Alcaldía, la Policía, la Procuraduría, la Defensoría del Pueblo y otros organismos de control. Las autoridades aseguraron que el procedimiento se realizó luego de confirmarse que el predio estaba siendo ocupado sin autorización. Además, indicaron que la intervención era necesaria para proteger la propiedad y prevenir un asentamiento ilegal.

Durante el operativo, los uniformados solicitaron a las familias evacuar de manera voluntaria. No obstante, la tensión aumentó debido a los daños reportados por los campesinos. Según Sandra Milena Londoño, secretaria del Sindicato de Trabajadores Agrícolas de Risaralda, varias tiendas donde dormían fueron destruidas. También afirmó que la comunidad se sintió vulnerada.

Londoño explicó que han participado en espacios de diálogo. Incluso, han presentado propuestas formales sobre adjudicación de tierras productivas. No obstante, aseguró que “el Gobierno Nacional sigue sin escucharnos, y por eso nos declaramos en asamblea permanente”. Su declaración refleja un profundo malestar entre las familias, quienes temen quedar nuevamente sin alternativas laborales o habitacionales.

El procedimiento avanzó mientras algunos campesinos intentaban proteger sus pertenencias. Varios narraron que perdieron herramientas, alimentos y elementos básicos. Sin embargo, las autoridades sostienen que actuaron bajo los protocolos legales. También indicaron que, aunque comprenden la difícil situación social, no pueden permitir ocupaciones irregulares.

Contexto del conflicto por tierras

El conflicto por acceso a la tierra en Risaralda no es nuevo. Diferentes organizaciones campesinas han denunciado retrasos en los procesos de adjudicación. En muchos casos, los predios solicitados están destinados a proyectos agrícolas que buscan mejorar las condiciones económicas del campo. Por ello, la falta de avances genera incertidumbre.

Los líderes rurales afirman que la región tiene capacidad para desarrollar iniciativas productivas sostenibles. Sin embargo, insisten en que necesitan respaldo institucional para avanzar. También destacan que las comunidades rurales enfrentan dificultades para acceder a créditos, asistencia técnica o programas de fortalecimiento productivo.

El reciente desalojo en Combia evidencia una brecha entre las solicitudes campesinas y la respuesta estatal. Algunos habitantes comentaron que continuarán en movilización permanente. También afirmaron que insistirán en que el Gobierno cumpla los compromisos firmados en años anteriores.

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Por su parte, organizaciones de derechos humanos han pedido que se revisen los procedimientos. Consideran necesario garantizar rutas de diálogo que atiendan las necesidades de la población afectada. Además, recomiendan evaluar planes de formalización de tierras que se ajusten a la realidad de los pequeños agricultores.

Llamado al diálogo

Tras el desalojo, los campesinos reiteraron que esperan una mediación que permita avanzar hacia una solución estable. Aseguran que están dispuestos a participar en mesas técnicas. También expresaron que no buscan conflictos, sino oportunidades para trabajar la tierra y sostener a sus familias.

La Alcaldía anunció que enviará un informe al Gobierno Nacional. En él incluirá las demandas de la comunidad. Además, insistió en que promoverá escenarios de diálogo con todos los actores involucrados. Sin embargo, no se han anunciado plazos específicos para estas reuniones.

Mientras tanto, las familias desalojadas buscan alternativas temporales. Algunas se trasladaron a viviendas de allegados. Otras permanecen a la espera de orientación institucional. Su mayor preocupación es que el proceso quede en el olvido y que su situación se prolongue.