Construcción del Viaducto La Paz suspendida por falta de recursos
La construcción del Viaducto La Paz en Belén de Umbría está suspendida debido a ajustes presupuestales, situación que ha generado preocupación entre los diputados de Risaralda y la comunidad local. La obra, considerada estratégica para mejorar la conectividad en el occidente del departamento, enfrenta un panorama incierto mientras se gestionan nuevas fuentes de financiación.
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El Viaducto La Paz fue diseñado para conectar zonas rurales con el casco urbano, reducir tiempos de desplazamiento y dinamizar la economía local. Sin embargo, la interrupción de los trabajos ha despertado inquietud sobre la viabilidad del proyecto y su posible conversión en un nuevo “elefante blanco”, según denuncian algunos voceros comunitarios y líderes políticos.
Diputados de Risaralda expresan preocupación por la parálisis del Viaducto La Paz
Durante las últimas semanas, los diputados de la Asamblea de Risaralda han manifestado su inconformidad ante la falta de avances en la obra. Según los testimonios recogidos, varias comisiones solicitaron ingresar al sitio de construcción para verificar el estado actual del proyecto, pero se les negó el acceso. Este hecho incrementó la desconfianza sobre el manejo administrativo y técnico de la obra.
Uno de los diputados consultados señaló que “la transparencia es fundamental en este tipo de proyectos. No se puede ocultar información cuando se trata de recursos públicos que afectan directamente a las comunidades”. Las declaraciones reflejan el malestar de los sectores políticos que temen un retraso prolongado, lo cual podría afectar el desarrollo vial y económico del occidente de Risaralda.
La comunidad, por su parte, ha expresado su frustración ante el estancamiento. Comerciantes y transportadores aseguran que el viaducto es vital para mejorar la movilidad y facilitar el acceso a otros municipios. Con la suspensión, las rutas alternas siguen siendo ineficientes y en mal estado, lo que incrementa los costos de transporte y limita las oportunidades de crecimiento regional.

Gobierno departamental promete reactivar el Viaducto La Paz en 2026
De acuerdo con la Secretaría de Infraestructura de Risaralda, la reactivación de la obra del Viaducto La Paz está programada para enero de 2026. Para ello, será necesario incorporar recursos provenientes de vigencias futuras por un valor de 5.900 millones de pesos, además de un aporte adicional de mil millones por parte del municipio de Belén de Umbría.
El secretario de Infraestructura explicó que “la suspensión no significa abandono. Estamos en un proceso de revisión técnica y presupuestal para garantizar que la obra se retome con todas las condiciones necesarias”. Según la entidad, la meta es culminar el proyecto en el menor tiempo posible una vez se aseguren los recursos y se actualicen los estudios financieros.
La obra, que había iniciado con una inversión inicial de más de 10.000 millones de pesos, presenta un avance físico superior al 60%, aunque aún restan etapas esenciales para su funcionamiento. Entre ellas, la pavimentación final, la instalación de barandas de seguridad y la señalización vial.
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Temor por un nuevo “elefante blanco” en el occidente risaraldense
El término “elefante blanco” ha comenzado a circular con fuerza entre los habitantes de Belén de Umbría. Para muchos, el caso del Viaducto La Paz podría sumarse a la lista de obras inconclusas que han afectado la confianza ciudadana en la gestión pública.
“Ya hemos visto otros proyectos en la región que se quedaron a medio camino. No queremos que este viaducto sea otro símbolo del abandono estatal”, expresó un comerciante del sector. La falta de comunicación clara entre las autoridades y la comunidad ha incrementado la percepción de incertidumbre.
Expertos en infraestructura consultados señalan que, si bien los ajustes presupuestales son comunes en obras de gran envergadura, la parálisis prolongada sin supervisión puede generar deterioro estructural, incrementando los costos finales y afectando la seguridad del proyecto.
Por ello, los diputados insisten en la necesidad de una intervención inmediata que garantice la transparencia y la continuidad del proceso. Además, solicitan informes periódicos sobre la gestión de los recursos y los compromisos asumidos con los contratistas.









