Gobernador de Risaralda exige acciones frente a grupos armados ilegales
Durante el Primer Encuentro Nacional de Gobernadores por la Unidad Territorial y la Seguridad Regional, realizado en Cali y convocado por la Federación Nacional de Departamentos, el Gobernador de Risaralda, Juan Diego Patiño, lanzó un llamado urgente al Gobierno Nacional para que refuerce las estrategias de seguridad en las regiones del país.
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El mandatario, en representación del Eje Cafetero, destacó la creciente amenaza que enfrentan los territorios por la expansión de los grupos armados ilegales, especialmente del ELN y el Clan del Golfo, que continúan afectando la tranquilidad de los habitantes. Según Patiño, la situación requiere una respuesta contundente y coordinada que fortalezca la presencia institucional y garantice la protección de los ciudadanos.
“Es fundamental articular acciones decididas contra las estructuras criminales y brindar mayores herramientas a las Fuerzas Militares para contrarrestar la crisis de seguridad”, expresó el Gobernador, quien advirtió que los grupos ilegales están extendiendo su influencia hacia zonas que antes eran consideradas seguras.
El encuentro, que reunió a los mandatarios de los 32 departamentos, buscó unificar criterios y estrategias regionales frente al desafío de la violencia armada y la necesidad de reforzar la seguridad territorial en todo el país.
Eje Cafetero pide fortalecer la seguridad regional ante amenazas del ELN y Clan del Golfo
El Eje Cafetero, compuesto por los departamentos de Risaralda, Caldas y Quindío, ha mantenido históricamente una relativa estabilidad en materia de orden público. Sin embargo, en los últimos meses se han evidenciado movimientos y presencia de estructuras criminales que buscan aprovechar las condiciones geográficas para establecer corredores de movilidad y control territorial.
Juan Diego Patiño señaló que este fenómeno no puede ser ignorado. Según el mandatario, las autoridades locales han identificado incremento de extorsiones, reclutamiento de menores y enfrentamientos armados en zonas rurales de Risaralda. Estas situaciones, dijo, reflejan la necesidad de una acción coordinada entre las regiones y el Gobierno Central.
“Desde los departamentos estamos listos para hacer equipo, pero requerimos mayores recursos, mayores capacidades y, sobre todo, la decisión política de enfrentar a estas organizaciones”, puntualizó el Gobernador.
Además, destacó que los esfuerzos regionales deben ir acompañados de una estrategia integral de seguridad, que no solo contemple el despliegue militar, sino también inversión social, oportunidades económicas y fortalecimiento institucional en las zonas más vulnerables.
De acuerdo con cifras de la Defensoría del Pueblo, en 2025 más de 120 municipios del país registran presencia o influencia de grupos armados ilegales, muchos de ellos en regiones que antes estaban libres de estas amenazas. Este panorama, explicó Patiño, demuestra que el problema trasciende lo local y exige una política nacional coherente y sostenida.
Gobernadores piden una política nacional unificada de seguridad
Durante el encuentro en Cali, varios mandatarios departamentales coincidieron en que la situación de inseguridad requiere una nueva agenda de seguridad regional, que considere las particularidades de cada territorio, pero dentro de un marco nacional.
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El Gobernador de Risaralda enfatizó que la cooperación entre las regiones es clave, pero insistió en que sin el respaldo del Gobierno Nacional los esfuerzos locales son insuficientes. “Las Fuerzas Militares y de Policía hacen un trabajo valiente, pero necesitan más herramientas, más tecnología y un respaldo político firme”, afirmó.
Patiño también hizo un llamado a fortalecer la inteligencia operativa, mejorar la coordinación interinstitucional y aumentar los recursos para la prevención y protección comunitaria. Según explicó, la expansión del Clan del Golfo y del ELN representa no solo una amenaza para Risaralda, sino para todo el occidente colombiano.
Los gobernadores coincidieron en la necesidad de una mesa permanente de seguridad regional, que articule la información entre departamentos y el Ministerio de Defensa. Esta propuesta busca garantizar una respuesta más rápida y efectiva ante los movimientos de los grupos criminales.
Asimismo, propusieron crear un fondo especial de seguridad territorial, destinado a financiar proyectos de infraestructura policial, tecnología de vigilancia y programas de reinserción social en comunidades afectadas por la violencia.
