Violencia y extorsión dominan la cárcel La 40 de Pereira
En la cárcel La 40 de Pereira, la violencia y la extorsión parecen operar bajo un sistema paralelo que reproduce estructuras del crimen organizado. Una investigación realizada por Noticias 360 evidencia la existencia de grupos internos que controlan espacios, imponen reglas y cobran a los internos por “beneficios” dentro del penal.
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Según los informantes, estos grupos regulan el ingreso y la permanencia de los reclusos en áreas específicas y mantienen mecanismos de intimidación para garantizar pagos periódicos. Las consecuencias de no cumplir con las exigencias incluyen castigos físicos, exclusión y pérdida de derechos básicos.
Grupos internos y jerarquía criminal dentro del penal
El control dentro de La 40 no es aleatorio. Los informantes identificaron a reclusos con poder consolidado, entre ellos Jonathan Ortiz, alias ‘Pupa’, y Luis Ernesto Colorado, alias ‘Gamo’, quienes responderían a ‘Pecoso’, excabecilla de la Cordillera.
“Acá el que no paga con dinero, paga con sangre”, afirmó un testigo protegido. Los internos deben abonar cuotas por dormir en las planchas, acceder a zonas comunes o mantener tranquilidad. Aquellos que incumplen enfrentan golpes, castigos humillantes o despertar nocturno con baños de agua fría.
Además, según las fuentes, estas acciones no serían posibles sin la complicidad de tres funcionarios del penal, identificados con los alias “Sala, Jara y Os”, quienes permitirían la ejecución de estas prácticas violentas.
Cobros y represalias: un sistema de miedo
Las jornadas más críticas ocurren los domingos, cuando reclusos con deudas por consumo de drogas son sometidos a castigos físicos. Los agresores obligan a las víctimas a no denunciar los hechos, justificando las lesiones como riñas menores para evitar investigaciones.
El entramado criminal también incluye coordinación de cobros con emisarios en libertad y el manejo de rentas ilícitas en la región. Según familiares de internos, estos hechos generan un ambiente de terror dentro del penal y afectan la convivencia de todos los reclusos.

Pese a las denuncias, el actual director del centro, capitán Mauricio Andrés Erazo, aseguró que no ha recibido reportes sobre violencia o extorsión de este tipo. Por su parte, familiares de internos han solicitado la intervención de la Procuraduría General de la Nación y la Defensoría del Pueblo para garantizar seguridad y derechos en La 40.
Impacto y respuesta institucional
Los hechos denunciados reflejan un control interno que amenaza la integridad de los reclusos y evidencia un vacío en la supervisión de los funcionarios del penal. Expertos en seguridad señalan que estas estructuras internas replican dinámicas del crimen organizado, lo que dificulta la aplicación de medidas disciplinarias efectivas.
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La investigación de Noticias 360 busca visibilizar estos problemas y generar presión para que las autoridades tomen medidas inmediatas. Los familiares exigen monitoreo constante, acompañamiento legal y revisión de los protocolos de seguridad para evitar que los grupos internos mantengan su poder a costa del bienestar de los internos.
El caso de La 40 de Pereira pone sobre la mesa la necesidad de un control más estricto dentro de las cárceles colombianas y evidencia que la violencia y la extorsión pueden prosperar cuando las autoridades carecen de supervisión efectiva.









