Inpec en Pereira refuerza su seguridad tras recientes atentados

El Inpec en Pereira ha decidido aumentar sus medidas de seguridad tras los recientes atentados sicariales cometidos contra funcionarios de esta institución en diferentes regiones del país. La preocupación es alta, especialmente durante los cambios de turno, momento en el que se han registrado los ataques.

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De acuerdo con Fabio Espinoza, presidente del Sindicato de Trabajadores Penitenciarios de Pereira, se ha solicitado apoyo urgente a la Policía Nacional para redoblar los patrullajes en los alrededores de la Cárcel La 40 y el centro penitenciario La Badea, en Dosquebradas. Estas zonas, por su ubicación y afluencia de personal, se consideran puntos críticos para la seguridad de los funcionarios.

Temor entre los funcionarios del Inpec en Pereira por ola de violencia

La situación de los funcionarios del Inpec en Pereira es cada vez más delicada. Los ataques a custodios en distintas partes del país han generado un clima de miedo e incertidumbre. En ciudades como Bogotá, Medellín, Cali y Bucaramanga ya se han presentado atentados, algunos con víctimas mortales.

Aunque en Pereira no se han registrado incidentes recientes, la alerta nacional obligó a las autoridades locales a extremar precauciones. Espinoza señaló que los funcionarios han recibido recomendaciones específicas sobre cómo actuar en los desplazamientos hacia y desde los centros carcelarios. También se han implementado protocolos internos para reforzar la seguridad durante los relevos de guardia.

“Estamos viviendo una situación crítica. Nuestros compañeros en diferentes regiones han sido blanco de atentados y eso nos obliga a estar más atentos. Hemos solicitado presencia permanente de la Policía en los alrededores de los establecimientos carcelarios”, afirmó Fabio Espinoza.

El dirigente sindical agregó que, aunque existe un plan de contingencia dispuesto por la dirección central del Inpec, las medidas deben fortalecerse para garantizar la integridad del personal.

Plan de contingencia sin suspensión de visitas a los internos

A pesar de la alerta, el Inpec en Pereira no ha tomado la decisión de suspender las visitas a los internos. Según Espinoza, la dirección nacional ha considerado que, por el momento, el flujo de familiares y abogados puede mantenerse, siempre que se cumplan estrictas medidas de seguridad.

Las autoridades penitenciarias han reforzado la vigilancia perimetral y el control de acceso. Además, se han incrementado las requisas a vehículos y personas que ingresan a los centros carcelarios. Este plan busca prevenir cualquier situación de riesgo que pueda poner en peligro la vida del personal o de los visitantes.

El sindicato advierte que, si las amenazas o atentados continúan, no descartan tomar medidas más drásticas. Entre ellas, la restricción temporal de visitas o la reorganización de turnos para reducir los desplazamientos en horarios vulnerables.

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“Confiamos en el respaldo de la fuerza pública, pero también necesitamos decisiones más contundentes desde la dirección nacional. Nuestros compañeros deben sentirse protegidos para seguir cumpliendo con su labor”, enfatizó Espinoza.

Inpec en Pereira pide presencia policial constante

El llamado del sindicato ha sido claro: se requiere presencia policial constante en los alrededores de las cárceles La 40 y La Badea. El refuerzo en los patrullajes permitiría prevenir emboscadas o atentados durante los traslados y cambios de turno.

La Policía Metropolitana de Pereira anunció que se están realizando rondas de seguridad y que se ha dispuesto de un grupo especial para acompañar las labores del personal del Inpec. Sin embargo, el sindicato insiste en que se necesitan acciones sostenidas y no solo respuestas momentáneas.

La tensión también ha llegado a las familias de los funcionarios. Muchos trabajadores penitenciarios expresan temor por su seguridad y la de sus seres queridos. Algunos incluso han solicitado traslados a otras zonas o cambios de horario, buscando reducir el riesgo de exposición.

El clima actual ha puesto en evidencia la vulnerabilidad del sistema penitenciario frente a las retaliaciones de grupos delincuenciales. Las autoridades nacionales investigan si los ataques recientes tienen relación con el traslado de cabecillas de bandas criminales o con operativos que han afectado las estructuras de poder dentro de las cárceles.