Horror en La Virginia: hombre condenado por feminicidio agrede a su hija

La comunidad del barrio Alfonso López, en La Virginia, Risaralda, vive momentos de terror e indignación luego de que un hombre de 69 años, condenado previamente por feminicidio, abusara sexualmente de su propia hija de 20 años, quien tiene discapacidad cognitiva. Este caso, que ha generado alarma en toda la región, pone en evidencia la gravedad de los permisos otorgados por el INPEC a personas privadas de la libertad.

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Según las autoridades, el hombre había recibido un polémico permiso de 72 horas que le permitió regresar a su vivienda. Durante este tiempo, cometió el abuso, un acto que fue descubierto gracias a la intervención del hermano de la víctima. Al confrontarlo, se desató una fuerte discusión que alertó a los vecinos, quienes rápidamente llamaron a la Policía. La pronta reacción de la comunidad permitió la captura inmediata del agresor, quien ahora enfrenta un nuevo proceso judicial por el delito de acto sexual violento con persona en incapacidad de resistir.

Permisos del INPEC y riesgos para la comunidad

El caso ha encendido la preocupación de la Veeduría departamental para la atención de las violencias contra la mujer en Risaralda. Esta entidad señaló que la concesión de permisos a personas condenadas por delitos graves, como feminicidio, debe ser revisada con criterios más estrictos de riesgo para la comunidad y las víctimas potenciales.

“Es inaceptable que alguien con antecedentes tan graves reciba un permiso sin una evaluación exhaustiva de riesgos. La vida y seguridad de las personas más vulnerables deben prevalecer”, afirmó un representante de la veeduría.

Los vecinos del barrio Alfonso López expresaron su indignación. “Nos sentimos desprotegidos. ¿Cómo es posible que un hombre condenado por feminicidio pueda volver a casa y cometer otro crimen?”, señaló una residente, quien prefirió mantener su identidad en reserva.

Este hecho ha generado un intenso debate sobre la eficacia de los controles en los permisos del INPEC y la necesidad de reforzar la supervisión de personas con antecedentes de violencia sexual y familiar.

Consecuencias legales y panorama judicial

El agresor ya había sido condenado por feminicidio y solo le restaban tres años para cumplir su pena. Sin embargo, este nuevo crimen agrava considerablemente su situación ante la justicia. Ahora, enfrenta cargos adicionales que podrían prolongar su condena y aumentar las medidas de seguridad en su custodia.

El proceso judicial actual incluye pruebas presentadas por el fiscal del caso, quien destacó que la agresión no fue un acto casual, sino resultado de la relación de poder que el hombre mantenía sobre su hija. La víctima, de 20 años y con discapacidad cognitiva, requiere atención especializada y apoyo psicológico, además de medidas de protección inmediata para garantizar su seguridad.

Organizaciones de derechos humanos y entidades de protección a la mujer han exigido que se revisen los protocolos del INPEC para evitar que personas con antecedentes de violencia vuelvan a cometer delitos durante permisos temporales. Asimismo, solicitan que se garantice la protección integral de víctimas con discapacidad, quienes son especialmente vulnerables a abusos dentro del entorno familiar.

Impacto social y medidas de prevención

Este caso ha generado una profunda preocupación en la comunidad y ha reavivado el debate sobre la violencia de género y sexual en Risaralda. Expertos aseguran que se requiere una coordinación más estrecha entre el sistema judicial, el INPEC y las autoridades locales para prevenir este tipo de tragedias.

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Las autoridades policiales destacaron que la rápida intervención de los vecinos fue clave para evitar que el abuso se prolongara y que el agresor pudiera escapar. Sin embargo, insisten en que la prevención debe ser prioritaria. Entre las recomendaciones, se incluyen el fortalecimiento de la vigilancia de personas con antecedentes de delitos sexuales, la capacitación de las familias sobre señales de riesgo y la promoción de mecanismos de denuncia inmediata.

Mientras tanto, la Veeduría departamental continúa monitoreando el caso y ha solicitado informes detallados sobre los protocolos del INPEC en la concesión de permisos. La expectativa de la comunidad es que se adopten medidas más rigurosas para proteger a las personas más vulnerables y evitar que tragedias como esta se repitan.