Justicia condena a responsables de actos vandálicos en Pereira en 2019

El Juzgado Segundo Penal del Circuito de Pereira condenó a Oscar Cortés Zapata y Jay Alejandro Londoño por su participación en graves actos vandálicos ocurridos durante las protestas del 15 de octubre de 2019 en la ciudad. Los jóvenes universitarios fueron sentenciados a 14 años y seis meses de prisión y deberán pagar una multa superior a los 1.200 millones de pesos colombianos.

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Durante las manifestaciones de ese día, los condenados protagonizaron hechos violentos que fueron calificados por el tribunal como actos terroristas. Entre las acciones más graves estuvo la amenaza de incendiar un vehículo del sistema de transporte Megabús, el incendio de una motocicleta oficial y ataques con bombas molotov a la vivienda de un alto mando policial.

Detalles del fallo judicial y los actos vandálicos en Pereira

La sentencia fue emitida luego de un riguroso proceso judicial en el que se presentaron pruebas contundentes contra Cortés Zapata y Londoño. Según lo establecido por el juzgado, ambos participaron activamente en varios actos de violencia urbana durante la protesta.

El 15 de octubre de 2019, en el sector de Álamos, los jóvenes interceptaron un alimentador del sistema Megabús. Obligaron a los pasajeros a descender del vehículo, amenazando con prenderle fuego. La acción generó pánico entre los ciudadanos presentes.

Ese mismo día, prendieron fuego a una motocicleta de un agente de tránsito. Además, arrojaron bombas molotov contra la vivienda del entonces coronel de la Policía de Risaralda. Las autoridades aseguraron que estas acciones pusieron en riesgo la vida de personas y generaron un ambiente de caos e inseguridad en el sector.

Los hechos fueron calificados como terrorismo, lo que agravó la situación legal de los responsables. Por esta razón, el juez del caso negó beneficios como la detención domiciliaria, estableciendo que la condena debe cumplirse en un centro penitenciario.

Condena y consecuencias legales por actos vandálicos en protestas de 2019

La condena incluye tanto la pena privativa de libertad, como una sanción económica significativa. La multa impuesta supera los 1.200 millones de pesos, lo que refleja la gravedad de los daños ocasionados y el impacto social de las acciones cometidas.

El juzgado destacó en su fallo la necesidad de enviar un mensaje claro a la ciudadanía: la violencia en el marco de la protesta social no puede ser tolerada ni justificada. La decisión judicial busca reafirmar el principio de legalidad y proteger los derechos de quienes se ven afectados por este tipo de acciones.

Reacciones frente a la condena

Las reacciones no se hicieron esperar. Algunos sectores sociales han manifestado preocupación por la severidad del fallo, mientras que otros lo consideran un acto de justicia necesario. Voceros de organizaciones de derechos humanos han expresado que, si bien no se puede justificar la violencia, también es necesario analizar el contexto social en el que surgieron las protestas.

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Por su parte, autoridades locales han respaldado la decisión judicial. El alcalde de Pereira aseguró que este tipo de condenas ayudan a preservar el orden público y garantizan la seguridad de los ciudadanos.

“No podemos permitir que la violencia se convierta en un método para exigir derechos. Hay mecanismos legales y democráticos para hacerlo”, afirmó el mandatario municipal.