Alcaldes de Risaralda bajo amenazas del Clan del Golfo
El presidente de la Asamblea de Risaralda, Pablo Giordanelli, reveló que la mitad de los alcaldes del departamento han recibido amenazas directas por parte de estructuras armadas como el Clan del Golfo. Esta situación representa un escenario alarmante que compromete la estabilidad política y la gobernabilidad en la región.
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Las advertencias contra los mandatarios locales no son casos aislados. Según Giordanelli, el fenómeno viene en aumento durante 2025, lo que genera temor entre las autoridades municipales y obliga a replantear las medidas de seguridad en el territorio.
La presión de los grupos ilegales no solo afecta a los mandatarios. El funcionario aseguró que al menos cuatro diputados de la Asamblea departamental también han sido objeto de intimidaciones. Las amenazas los han forzado a modificar rutinas diarias y a vivir bajo estrictas precauciones.
La situación plantea interrogantes urgentes sobre la capacidad institucional para proteger a quienes ejercen cargos públicos. Además, visibiliza el avance de organizaciones criminales en el occidente de Risaralda, una región estratégica por sus corredores viales y su cercanía con el Eje Cafetero y el Chocó.
Diputados y autoridades regionales también intimidados
Las intimidaciones contra cuatro diputados demuestran que el problema no se limita a los alcaldes. El objetivo de los actores ilegales parece claro: debilitar las instituciones locales y sembrar miedo entre quienes ejercen representación política.
De acuerdo con lo manifestado por Giordanelli, las amenazas provienen de estructuras que buscan consolidar control territorial. El Clan del Golfo aparece como uno de los principales responsables, pero no es el único. En zonas rurales del occidente del departamento también se ha registrado la presencia de guerrilleros del ELN, lo que incrementa la tensión.
El impacto de esta coyuntura es doble. Por un lado, limita la acción política de las autoridades, quienes se ven restringidos en su capacidad de visitar comunidades o liderar procesos sociales. Por otro, genera desconfianza entre la ciudadanía, que observa cómo el poder de los grupos armados ilegales se expande sin contención.
Gobierno Nacional llamado a responder
La Asamblea de Risaralda y líderes regionales han solicitado al Gobierno Nacional acciones inmediatas para enfrentar esta crisis de seguridad. La protección de las autoridades democráticas es una prioridad inaplazable, considerando que las amenazas no solo atentan contra la integridad personal de los líderes, sino también contra la institucionalidad del país.
El contexto en Risaralda evidencia un fortalecimiento de los actores ilegales. Según informes de inteligencia, el Clan del Golfo ha aprovechado corredores estratégicos para el tráfico de drogas y armas, mientras que el ELN mantiene presencia en áreas rurales donde ejerce control social y económico.
La respuesta del Estado, hasta ahora, se ha centrado en operativos puntuales. Sin embargo, la magnitud de las amenazas exige estrategias integrales. Estas deberían incluir un aumento del pie de fuerza en las zonas más afectadas, programas de prevención del reclutamiento ilegal y mecanismos de protección personalizados para los funcionarios en riesgo.
La ciudadanía, por su parte, reclama que la seguridad de los mandatarios no se limite a esquemas de escoltas, sino que se traduzca en presencia efectiva de la fuerza pública y en oportunidades sociales que reduzcan la influencia de las organizaciones criminales.
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Una amenaza a la democracia local
La intimidación a alcaldes y diputados de Risaralda es más que un asunto de orden público: constituye una amenaza directa a la democracia local. Sin garantías de seguridad, los líderes elegidos no pueden cumplir con sus funciones ni atender las demandas de la población.
El testimonio de Giordanelli refleja el miedo creciente entre las autoridades y expone la necesidad de un debate nacional sobre cómo proteger a los gobiernos regionales. Las intimidaciones, de no enfrentarse con decisión, podrían generar un efecto dominó que afecte otras regiones del país donde los grupos armados también buscan expandirse.
