El joven de 17 años se había entregado voluntariamente y era pieza clave para la investigación
En un giro inesperado en el caso del atentado contra el senador y precandidato presidencial Miguel Uribe Turbay, las autoridades confirmaron la fuga del joven de 17 años que se había entregado por su presunta participación en el ataque. El menor, considerado testigo clave por la Fiscalía y la Policía Nacional, escapó del centro especial en Bogotá donde estaba bajo custodia judicial.
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El adolescente se encontraba bajo medidas especiales tras haber decidido colaborar con las autoridades. Según fuentes oficiales, su testimonio podría haber sido decisivo para establecer responsabilidades concretas en el atentado ocurrido el pasado 7 de junio en el barrio Modelia, occidente de Bogotá.
La Fiscalía pierde a su principal colaborador en el caso del atentado a Miguel Uribe Turbay
El joven, cuya identidad se mantiene bajo reserva por ser menor de edad, ya había rendido una primera declaración donde detallaba parte de la planeación del ataque. Según él, participó en una reunión previa al atentado, donde se discutió la logística del crimen. A esa reunión también habría asistido Elder José Arteaga, alias El Costeño, señalado como el presunto coordinador del atentado.
El Costeño actualmente se encuentra bajo estricta vigilancia en el búnker de la Fiscalía General de la Nación. Por su parte, el adolescente ahora prófugo se había comprometido a rendir un segundo interrogatorio en los próximos días. Su testimonio era fundamental para vincular a otros posibles responsables y esclarecer la autoría intelectual del ataque que dejó herido a Uribe Turbay.
La Fiscalía expresó su preocupación por la fuga y aseguró que se adelantan todas las acciones necesarias para recapturarlo. Según el ente acusador, el joven no solo era clave por la información que poseía, sino también por la posibilidad de identificar a nuevos involucrados, tanto autores materiales como intelectuales.
Actualmente, seis personas están judicializadas por este caso. Entre ellas se encuentra otro menor de apenas 15 años, quien fue identificado como el sicario que disparó contra el senador durante un evento político. La participación de adolescentes en este tipo de crímenes ha reavivado el debate nacional sobre la edad de responsabilidad penal en Colombia.
Reacciones oficiales y nuevo llamado a reforzar la protección de testigos en casos de alto perfil
La fuga del joven ha generado inquietud en diferentes sectores del Gobierno y la sociedad civil. Desde el Congreso, algunos legisladores han pedido revisar con urgencia los protocolos de custodia de testigos y menores procesados por delitos graves. “Estamos hablando de un caso de seguridad nacional. El país no puede permitirse la fuga de un testigo que, claramente, estaba dispuesto a colaborar”, expresó un senador del partido de gobierno.
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Por su parte, la Policía Metropolitana de Bogotá ha desplegado un operativo especial para dar con el paradero del menor. Fuentes cercanas al caso indicaron que hay cámaras de seguridad y registros de movimiento que podrían dar pistas sobre cómo logró salir del centro sin ser detectado.
La directora del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF), entidad responsable de la custodia del menor, también anunció una investigación interna para establecer responsabilidades administrativas por lo ocurrido. “Este hecho no solo compromete el desarrollo de una investigación judicial crítica, sino que pone en riesgo la vida del menor involucrado”, aseguró.
Un caso que pone en evidencia vacíos del sistema judicial juvenil
El atentado a Miguel Uribe Turbay y los posteriores hallazgos han revelado una preocupante red de criminalidad que involucra a jóvenes reclutados por estructuras ilegales. Expertos en seguridad y derechos humanos advierten que esta fuga pone en evidencia los vacíos del sistema de justicia juvenil colombiano, que carece de protocolos suficientemente fuertes para casos de alto perfil.
De acuerdo con analistas, los centros de reclusión de menores no están diseñados para manejar a individuos involucrados en crímenes organizados o con amenazas a su vida. Además, la voluntad del joven de colaborar hacía necesario brindarle un esquema especial de protección, que no fue debidamente ejecutado.
