Estancada discusión por desmonte de tres peajes en el Eje Cafetero
El debate por el desmonte de tres peajes en el Eje Cafetero mantiene sin consenso a las entidades del Gobierno nacional y a la Personería de Chinchiná. La eliminación de los peajes San Bernardo, Pavas y Santágueda continúa siendo un tema de alta tensión entre los ciudadanos, las autoridades locales y los entes nacionales encargados de la infraestructura vial.
Lea también: Continúa la entrega de ayudas a afectados por incendio
En una audiencia realizada el pasado 25 de junio de 2025, las diferencias quedaron evidenciadas. La reunión hacía parte del pacto de cumplimiento que impulsa una acción popular presentada por la Personería de Chinchiná, en defensa de los derechos colectivos que se consideran vulnerados por la permanencia de estas casetas de cobro.
Gobierno y Personería enfrentados por peajes en Autopistas del Café
La audiencia del pacto de cumplimiento fue convocada por el Tribunal Administrativo de Caldas y tuvo como protagonistas a la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI), el Ministerio de Transporte y el Instituto Nacional de Vías (Invías). Sin embargo, pese a la presión de los gremios y la ciudadanía, no se logró un acuerdo para eliminar los peajes ubicados sobre el corredor vial de Autopistas del Café.
La controversia gira en torno a tres puntos específicos: el peaje San Bernardo, ubicado en la vía Manizales-Medellín; el peaje de Pavas, entre Manizales y Chinchiná; y el de Santágueda, cercano al Club Campestre y La Manuela. Estos peajes son considerados por líderes locales como una carga injusta para los habitantes del Eje Cafetero, quienes deben pagar múltiples veces por transitar en distancias cortas entre municipios cercanos.
Los gremios de Manizales y Chinchiná han exigido en reiteradas ocasiones su desmonte, argumentando que afectan la competitividad de la región y representan una doble tributación para los ciudadanos que ya contribuyen con impuestos a la infraestructura vial.
Pacto sin cumplimiento y solicitud de tarifas diferenciales
Pese a llamarse “pacto de cumplimiento”, el encuentro del 25 de junio dejó en evidencia que las partes no están cerca de llegar a un consenso. Mientras la Personería insiste en la eliminación de los tres peajes, la ANI y otras entidades del Gobierno nacional continúan defendiendo su permanencia, alegando razones contractuales y de sostenibilidad financiera.
El Tribunal Administrativo de Caldas también ordenó vincular a Autopistas del Café, actual operadora del corredor vial, y a Odinsa, su accionista mayoritario. Esta empresa ha mostrado interés en continuar con la administración del corredor a partir de 2027, a través del proyecto de iniciativa privada (IP) denominado Conexión Centro.
Por su parte, la Personería de Chinchiná pidió al magistrado que garantice que la acción popular siga su curso legal, permitiendo que la justicia intervenga como mecanismo para proteger los derechos colectivos. La entidad insiste en que la vía judicial es la herramienta más adecuada para forzar un cambio estructural en las condiciones actuales de movilidad en el Eje Cafetero.
Lea también: Tres años sin rastro del mayor Julián Gámez
Además del desmonte de los tres peajes, los gremios y autoridades locales también solicitaron la implementación de tarifas diferenciales en los peajes Tarapacá 1 y 2, ubicados entre Manizales y Pereira. Esta medida beneficiaría a los residentes que usan estas rutas diariamente, ayudando a mitigar el impacto económico del peaje en sus ingresos.
Un conflicto vial que afecta a toda la región
El corredor vial operado por Autopistas del Café conecta a los departamentos de Caldas, Risaralda y Quindío, y es vital para el transporte de carga, pasajeros y productos agrícolas. Sin embargo, su alta densidad de peajes ha sido una queja constante por parte de transportadores, comerciantes y ciudadanos.
«Pagamos por carreteras que ya están construidas, que deberían ser libres. Es un abuso», manifestó un transportador de Chinchiná que asistió a la audiencia. Las voces en contra de las casetas no cesan, mientras los operadores defienden que sin estos ingresos sería insostenible mantener la calidad del corredor vial.
El desmonte de los peajes en el Eje Cafetero no solo es un debate de infraestructura. Representa una lucha social por el acceso equitativo a la movilidad y un reflejo de las tensiones históricas entre regiones y el poder central. Mientras no se logre una solución dialogada, la acción popular seguirá su curso en los estrados judiciales, en espera de que la justicia dictamine qué es lo más justo para la región.
