Hospital San Pedro y San Pablo en crisis: adeuda sueldos por $10 mil millones
La grave crisis financiera del hospital San Pedro y San Pablo de La Virginia ha generado una profunda preocupación en el sector salud de Risaralda. Un déficit presupuestal cercano a los $10 mil millones de pesos ha llevado a que más de 100 empleados, incluyendo médicos especialistas, no reciban su salario. La situación ha escalado al punto de afectar la atención a miles de usuarios y se teme una posible intervención por parte del Ministerio de Salud.
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Déficit económico afecta gravemente la atención médica en La Virginia
Desde hace varias semanas, el hospital San Pedro y San Pablo enfrenta serias dificultades para operar con normalidad. El incumplimiento en el pago de los salarios ha provocado desmotivación, renuncias y protestas por parte del personal médico y administrativo.
Luis Alberto Cuervo, presidente de la Asociación Nacional de Hospitales y Clínicas (Anthoc) en Risaralda, explicó que la institución atraviesa uno de sus momentos más críticos. Según el dirigente sindical, «los servicios se están viendo afectados directamente. No se cuenta con turnos completos, hay áreas donde los especialistas se han retirado por falta de pago, y esto está poniendo en riesgo la vida de muchos pacientes».

Además, los trabajadores han realizado varias manifestaciones pacíficas, buscando visibilizar la situación y llamar la atención de las autoridades departamentales y nacionales. Los usuarios también se han quejado por la demora en la atención, cancelación de citas y suspensión de algunos servicios especializados.
Anthoc pide intervención urgente del Gobernador Juan Diego Patiño
Ante la gravedad del panorama, Anthoc ha elevado un llamado urgente al gobernador de Risaralda, Juan Diego Patiño, para que intervenga antes de que el Ministerio de Salud tome medidas drásticas. «Es urgente que el gobernador actúe, que se siente con el equipo financiero y de salud para buscar soluciones. El hospital no puede seguir así, porque está catalogado en riesgo alto por las autoridades nacionales», aseguró Cuervo.
El temor a una intervención por parte del Gobierno Nacional es real. Cuando una institución de salud es intervenida por el Ministerio, sus operaciones pueden ser limitadas, lo que agrava la crisis en lugar de aliviarla. Según los representantes de Anthoc, una intervención podría significar despidos, recortes de servicios y pérdida de autonomía administrativa, todo lo cual afectaría aún más la prestación del servicio a los habitantes de La Virginia y municipios aledaños.
Por su parte, varios funcionarios del hospital han expresado de manera anónima su preocupación. Uno de ellos declaró: “No solo nos deben el salario; también falta insumos, medicamentos y hay equipos médicos que requieren mantenimiento. Nos sentimos desprotegidos y agotados”.
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Hospital en riesgo alto según autoridades nacionales de salud
El riesgo alto que pesa sobre el hospital San Pedro y San Pablo no es un simple dato administrativo. Esta clasificación implica que la institución tiene múltiples debilidades financieras, administrativas y operativas, y que si no se corrigen a tiempo, pueden llevar al cierre parcial o total del centro asistencial.
Este hospital es clave para la red de atención en salud del occidente de Risaralda. Atiende pacientes no solo de La Virginia, sino también de zonas rurales cercanas, siendo el único centro de atención de segundo nivel en un radio considerable.
En este contexto, la falta de recursos y personal calificado se convierte en una amenaza directa para la salud pública regional. Los habitantes han expresado su respaldo a los trabajadores del hospital y solicitan una pronta solución para evitar una tragedia sanitaria.
¿Qué puede hacerse para salvar el hospital?
Expertos en salud pública aseguran que el primer paso para salvar al hospital es garantizar una inyección urgente de recursos. Esto permitiría el pago inmediato de salarios atrasados y la adquisición de insumos esenciales. Además, se deben revisar los convenios con EPS y entes territoriales, ya que muchos de ellos han incumplido pagos por servicios prestados.
Otra opción es que la Gobernación de Risaralda lidere una mesa técnica de salvamento junto con el Ministerio de Salud, los sindicatos y la comunidad. Este espacio permitiría establecer compromisos claros, rutas de financiación y una hoja de ruta para reestructurar la operación del hospital sin necesidad de una intervención forzosa.