Radican acción judicial para evitar colapso en la expedición de pasaportes en Colombia
Una acción de cumplimiento con medidas cautelares fue radicada ante el Tribunal Administrativo de Caldas para exigir al Gobierno Nacional que garantice la continuidad del servicio de expedición de pasaportes en Colombia, a partir del 1 de septiembre de 2025. La acción judicial surge en medio del debate por el nuevo convenio con la Casa de la Moneda de Portugal y la permanencia del actual contratista Thomas Greg & Sons, que sigue operando bajo el contrato vigente hasta el 31 de agosto.
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Futuro del servicio de pasaportes depende de una acción de cumplimiento
La acción fue interpuesta con base en el artículo 87 de la Constitución Política, que permite a cualquier ciudadano acudir a la justicia para hacer efectivo el cumplimiento de una ley o acto administrativo. El documento exige que el Estado adopte medidas inmediatas para evitar la suspensión de la expedición de pasaportes, un servicio esencial que involucra derechos fundamentales como la libertad de circulación y el derecho a la identidad.
El contrato actual, firmado con la Unión Temporal Documentos de Viaje —integrada por Thomas Greg & Sons—, finaliza el 31 de agosto de 2025. Sin embargo, el Gobierno aún no ha formalizado un nuevo contrato que garantice la producción ininterrumpida de pasaportes con validez internacional.
A pesar de los avances con el convenio internacional firmado por el excanciller Luis Gilberto Murillo con la Casa de la Moneda de Portugal, persisten dudas jurídicas y operativas. Uno de los puntos más polémicos es que dicho acuerdo contempla que la contratación se realice bajo las leyes portuguesas, lo que representa un obstáculo para su ejecución inmediata.
Preocupa impacto internacional por posible suspensión del servicio
Además de la incertidumbre jurídica, la demanda señala que el incumplimiento del Gobierno podría tener consecuencias internacionales. El riesgo principal sería perder la exención del visado Schengen, ya que no se garantizaría la expedición de pasaportes bajo los estándares de seguridad exigidos por la Organización de Aviación Civil Internacional (OACI) y aceptados por la Unión Europea.
“La capacidad administrativa del Estado está en juego, pero también derechos fundamentales de millones de ciudadanos”, advierte el documento presentado. El texto también exige a la Cancillería que aclare si el acuerdo firmado por Murillo en octubre de 2024 fue más allá de un simple memorando de entendimiento y se convirtió en un contrato legalmente exigible.
De acuerdo con la información conocida por los demandantes, hasta el pasado 28 de abril de 2025, la Cancillería aún no había concretado un contrato operativo ni tradujo el acuerdo en una estructura viable para garantizar la continuidad del servicio. Esto refuerza los temores de una interrupción en el suministro de pasaportes en cuestión de semanas.
La presión aumenta para el Gobierno Nacional
La acción de cumplimiento no solo busca evitar una crisis institucional y administrativa, sino también generar presión sobre el Ejecutivo para que actúe con urgencia. Con menos de dos meses para el vencimiento del contrato actual, el reloj corre en contra de la Cancillería y del nuevo canciller encargado de resolver este impasse.
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Hasta ahora, no hay una adjudicación clara ni se ha anunciado un cronograma definitivo para la implementación del nuevo convenio con Portugal. La falta de claridad y transparencia ha generado preocupación entre expertos y ciudadanos, quienes ven con alarma la posibilidad de quedarse sin pasaportes válidos a partir de septiembre.
El escenario más crítico implicaría que Colombia quede sin capacidad técnica ni jurídica para emitir pasaportes, afectando directamente a quienes necesitan viajar por razones laborales, académicas, médicas o familiares. Además, podría comprometer la imagen del país frente a organismos internacionales y gobiernos extranjeros.
