Proceso judicial contra Carlos Maya llega al límite legal de 240 días sin juicio
El exalcalde de Pereira, Carlos Maya, podría recuperar hoy su libertad debido al vencimiento de términos en el proceso penal que enfrenta por un escándalo de corrupción administrativa. Según fuentes judiciales, ya se han cumplido los 240 días establecidos por la ley para realizar la audiencia de juicio oral tras la presentación del escrito de acusación, sin que esta se haya llevado a cabo.
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La situación ha generado polémica, dado el peso de los cargos que enfrenta el exmandatario y el grave detrimento patrimonial identificado por la Contraloría General de la República, el cual asciende a más de 17 mil millones de pesos.
Contraloría reveló irregularidades en millonaria obra vial en Pereira
Durante la administración de Carlos Maya se adelantó un contrato para la construcción de una importante vía en la ciudad, obra que terminó siendo foco de múltiples irregularidades fiscales y administrativas.
En una auditoría adelantada por la Contraloría General, se concluyó que hubo un detrimento patrimonial millonario, junto con hallazgos fiscales, disciplinarios y administrativos que comprometen gravemente la gestión de la Alcaldía entre 2020 y 2023.
“Los hallazgos evidencian una contratación amañada, sin estudios técnicos suficientes, pagos anticipados injustificados y modificaciones contractuales que desbordaron lo legalmente permitido”, señala el informe de la Contraloría.
Las investigaciones han detectado faltas en la planeación del contrato, sobrecostos, y ejecución deficiente del proyecto, lo cual fue decisivo para la imputación de cargos penales.
Fiscalía imputó cinco delitos graves contra el exalcalde de Pereira
La Fiscalía General de la Nación imputó a Carlos Maya los delitos de:
- Peculado por apropiación agravado,
- Prevaricato por acción,
- Fraude procesal,
- Falsedad ideológica en documento público, y
- Abuso de autoridad por acto arbitrario e injusto.
Según el ente acusador, Maya habría usado su cargo para beneficiar indebidamente a terceros, vulnerando principios de legalidad y transparencia en la contratación pública.
Aunque el exmandatario ha defendido su inocencia y ha cuestionado la imparcialidad del proceso, la evidencia presentada hasta ahora indica lo contrario.
Denuncias del Congreso permitieron iniciar la investigación
El origen del proceso contra Maya se remonta a las denuncias del representante a la Cámara Alejandro García, quien desde el Congreso expuso las anomalías en la contratación de esta obra.
“Pusimos en conocimiento de los entes de control una serie de hechos que no podían quedar en la impunidad. Nos enfrentamos a una estructura que usó el poder para enriquecerse”, dijo García en una reciente entrevista.
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Gracias a esas denuncias, tanto la Fiscalía como la Contraloría activaron mecanismos de control que derivaron en la captura y posterior detención del exmandatario.
Sin embargo, la lentitud procesal amenaza con dejar sin sanción judicial este caso emblemático, lo que ha generado indignación en distintos sectores ciudadanos y políticos.
