Consejo de Estado suspende consulta popular de Petro por falta de aval del Senado
La decisión del Consejo de Estado representa un nuevo revés para el presidente Gustavo Petro. La alta corte suspendió los efectos del Decreto 0639 de 2025, con el que se convocaba a una consulta popular sobre su reforma laboral. Esta suspensión, de carácter cautelar, se mantendrá mientras se estudia a fondo la legalidad del decreto.
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Consejo de Estado admite la demanda y frena el decreto
La Sección Quinta del Consejo de Estado informó que admitió la demanda que busca declarar la nulidad del Decreto 0639. Este fue emitido el pasado 11 de junio por el presidente Gustavo Petro para convocar una consulta popular.
Según el alto tribunal, el decreto constituye un acto electoral de orden nacional. Como tal, requiere el concepto previo del Senado antes de ser expedido, conforme al artículo 104 de la Constitución Política de Colombia.
El comunicado de la corte señala:
“Suspendió los efectos jurídicos del Decreto 0639 de 2025, al advertir que fue expedido sin el concepto previo favorable del Senado, en los términos previstos en el artículo 104 de la Constitución”.
El Consejo de Estado aplicó esta medida con base en el artículo 234 de la Ley 1437 de 2011, en respuesta a una solicitud urgente del demandante.
Qué buscaba la consulta y por qué se le llamó ‘decretazo’
El Decreto 0639 fue emitido tras el hundimiento de la reforma laboral en el Senado. El proyecto fue rechazado el 14 de mayo con 49 votos en contra y 47 a favor. En respuesta, el presidente Petro firmó el decreto para consultar directamente al pueblo sobre doce puntos clave de la reforma.
Entre las preguntas propuestas estaban cambios a la jornada laboral diurna, recargos por trabajo en festivos, y derechos para personas con discapacidad.
La consulta fue programada para el 7 de agosto, fecha simbólica por la conmemoración de la Batalla de Boyacá. Petro recibió respaldo de 18 ministros, quienes también firmaron el decreto. No obstante, esta acción fue calificada por varios sectores como inconstitucional.
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El mandatario argumentó que hubo vicios de forma en la votación del Senado. Denunció un cierre abrupto del debate y la exclusión de senadores, lo que, en su opinión, invalidó el resultado.
Reacciones políticas y consecuencias legales
El decreto generó una fuerte respuesta de la oposición. Desde el Centro Democrático hasta periodistas como Vicky Dávila y congresistas como Miguel Uribe Turbay —quien sufrió un atentado tras criticar el acto— calificaron la iniciativa como un “golpe de Estado disfrazado”.
La Procuraduría General abrió una investigación contra los ministros que respaldaron el decreto. El motivo: podrían haber incurrido en prevaricato por firmar un acto sin los requisitos legales.
En medio del escándalo, el Consejo de Estado actuó rápidamente. Aunque la suspensión no es definitiva, deja en pausa el proceso mientras se evalúa la validez del decreto en una sentencia de fondo.
