Cabal critica programa de protección para menor vinculado al atentado contra Miguel Uribe

La senadora María Fernanda Cabal expresó su inconformidad tras la confirmación de la Fiscalía sobre el ingreso de un menor de 15 años al programa de protección a testigos, después de ser señalado como presunto autor del atentado contra el precandidato presidencial Miguel Uribe. La palabra clave principal reforma penal queda establecida en el eje del debate.

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Según el ente acusador, el joven y su familia recibirán beneficios como reubicación, sostenimiento económico y, posiblemente, cambio de identidad. Esta decisión ha encendido una ola de críticas en sectores políticos y sociales, por considerar que envía un mensaje equivocado frente a delitos cometidos por adolescentes.

Reforma penal para menores: la propuesta de Cabal divide opiniones

La congresista del partido de derecha utilizó su cuenta en la red social X (antes Twitter) para anunciar una posible reforma al Código de Infancia y Adolescencia. Su propuesta busca crear excepciones legales que permitan juzgar penalmente como adultos a menores desde los 16 años, cuando estén implicados en crímenes de alto impacto.

“Niño que delinque como adulto, paga como adulto”, escribió Cabal.
“Esta no es una medida punitiva contra la infancia, sino una acción en defensa de los niños de Colombia”.

Estas declaraciones reactivaron un debate que se ha mantenido latente durante los últimos años. Mientras algunos sectores consideran indispensable endurecer las penas para evitar que los adolescentes sean instrumentalizados por redes criminales, otros advierten sobre los peligros de debilitar el enfoque restaurativo del sistema de responsabilidad penal juvenil.

Actualmente, en Colombia los menores entre 14 y 18 años pueden ser procesados bajo el Sistema de Responsabilidad Penal Adolescente (SRPA), que privilegia la reintegración y el acompañamiento psicosocial sobre las penas de cárcel. Solo en casos excepcionales, y con dictamen judicial, se contempla la privación de la libertad.

¿Reforma penal o populismo punitivo? El trasfondo de la controversia

El anuncio del programa de protección a testigos para el menor implicado en el atentado generó reacciones encontradas. Quienes lo defienden, aseguran que se trata de una medida necesaria para preservar la vida del joven y garantizar su cooperación con la justicia. A su vez, critican el uso político del caso.

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No obstante, sectores conservadores exigen una revisión urgente del marco legal vigente, alegando que la criminalidad juvenil va en aumento. Para ellos, permitir que adolescentes reciban beneficios judiciales pese a cometer delitos graves puede generar una percepción de impunidad.

Organizaciones de derechos humanos han advertido que bajar la edad de responsabilidad penal o permitir juicios como adultos puede violar tratados internacionales suscritos por Colombia. Además, recalcan que muchos menores involucrados en crímenes son víctimas de reclutamiento forzado, pobreza estructural o abandono estatal.

Atentado a Miguel Uribe: el hecho que desató la discusión

El atentado que casi le cuesta la vida al precandidato Miguel Uribe se produjo en medio de un acto público, en el que fue atacado por un joven armado. Aunque Uribe salió ileso, el episodio se convirtió rápidamente en un tema nacional, especialmente por la corta edad del agresor.

La Fiscalía, tras su captura, determinó que el menor estaría vinculado con una red criminal. Según el ente investigador, su testimonio sería clave para avanzar en la identificación de los autores intelectuales del hecho. De allí la decisión de incluirlo en el programa de protección.

Para la senadora Cabal, sin embargo, esto representa una contradicción del sistema judicial: “No podemos premiar a quien atentó contra la vida de otro ciudadano con casa, comida y seguridad pagada por el Estado”, escribió.

¿Qué viene ahora para la reforma penal?

El proyecto de reforma al Código de Infancia y Adolescencia que propone Cabal aún no ha sido radicado oficialmente en el Congreso. Sin embargo, su equipo asegura que está en etapa de elaboración y que contará con respaldo de varios parlamentarios.

Esta iniciativa podría enfrentar múltiples obstáculos jurídicos y políticos. Primero, por su posible choque con normas internacionales sobre derechos de la infancia. Segundo, por la oposición de sectores que promueven la justicia restaurativa como vía de protección a menores en conflicto con la ley.

Pese a eso, el caso ha puesto en primer plano la necesidad de discutir nuevas estrategias para enfrentar el uso de adolescentes por estructuras armadas ilegales, sin vulnerar los derechos fundamentales ni dejar desprotegida a la sociedad.